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Mònica Martínez Bravo, 'consellera' de Derechos Sociales e Inclusión
La conselleria de Drets Socials ha anunciado su traslado al barrio de La Mina en un plazo de cinco años. La medida, en apariencia positiva, convertiría a este departamento en el primero en instalarse fuera de Barcelona. Sin embargo, la propuesta huele a déjà vu.
Hace 23 años, las instituciones catalanas impulsaron un ambicioso plan de transformación para este vecindario de Sant Adrià de Besòs, y el resultado ha sido, cuando menos, decepcionante.
La Mina sigue marcada por la marginalidad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Los recientes enfrentamientos entre vecinos y Mossos, con tiroteos y altercados constantes, reflejan el fracaso de las políticas públicas en la zona. Ahora, la Generalitat pone el horizonte en 2030, con la demolición del edificio Venus y la llegada de una sede institucional.
Es, sin duda, un gesto con carga simbólica, pero el reto es que no se quede sólo en eso. Sin una transformación real, con inversión, planificación y medidas efectivas, este traslado será sólo otro intento regular por dignificar el barrio. La Mina no necesita promesas ni titulares llamativos; necesita soluciones.