El presidente de Apartur, Enrique Alcántara (i), junto el propietario de dos pisos turísticos Toni Gragera (d)
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) reclama más de 4.280 millones de euros de responsabilidad patrimonial a la Generalitat de Cataluña a causa de los perjuicios causados en su sector por la extinción de licencias turísticas.
Así lo explicó ayer el presidente de esta entidad, Enrique Alcántara, cuya reclamación deberá ser respondida en un plazo de seis meses por la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
La cantidad demandada corresponde a unos 7.200 pisos distribuidos entre propietarios y gestores en la provincia de Barcelona. Alcántara considera que el decreto, que elimina un 40% de las plazas turísticas, "destruye un sector regulado y normalizado". Y cuya contribución en impuestos estima en unos 160 millones de euros al año. Una suma que, según sostiene, es similar a la del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda.
No le falta razón al representante de los beneficiarios de licencias turísticas al denunciar la flagrante inacción de las administraciones -no sólo de la municipal, sino también de la Generalitat y del Gobierno- a la hora de poner de su parte en la construcción de viviendas sociales. Aunque también parece obvio que el auge de esta actividad turística puede poner en riesgo -entre otras causas- un derecho constitucional básico para la ciudadanía como es el acceso a la vivienda en ciudades como Barcelona.
Frente a ello, Alcántara propone una solución alternativa: "Que la recaudación de la tasa turística vaya, de forma íntegra, a políticas de vivienda pública". Una idea a valorar, pero que no bastaría para resolver el problema.
