Imagen de archivo de un acto electoral de Toni Comín en el sur de Francia
Toni Comín vuelve a estar bajo sospecha por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como vicepresidente del Consell de la República a causa de un gasto de 15.530 euros que, según el auditor de este ente fundado y presidido por el también prófugo Carles Puigdemont, "no parecen estar justificados".
Su informe pericial apunta a que esos dispendios no se ajustan al marco "de la defensa del exilio" (sic), puesto que "están destinados a un cargo electo que ya dispone de ingresos propios", en alusión a la condición de eurodiputado de Comín con Junts.
La auditoría del Consell pide que se justifiquen esos gastos de Comín relativos al alquiler de un apartamento durante 15 días (2.562 euros), el de un coche en ese mismo periodo (1.997,35 euros), retiradas de dinero en efectivo (6.000 euros), el pago de impuestos del apartamento de Lovaina (4.608 euros) y una multa de tráfico (363 euros).
Según la auditoría, Comín sostiene que los gastos de alquiler de un apartamento y un coche por 15 días corresponden a actos realizados en el sur de Francia, mientras que el pago de impuestos o las retiradas de efectivos son "su parte correspondiente al reparto del fondo de defensa del exilio".
En este sentido, el consejo da por justificados dichos gastos en su comunicado. Aunque ello no resulta suficiente para acallar las críticas surgidas en la entidad ultranacionalista, donde la labor de Comín ha sido ampliamente cuestionada desde hace meses.
En especial, en el área económica, donde también se le ha llegado a señalar por un presunto desvío de donaciones destinadas a tres agentes de los Mossos detenidos por haber ayudado a Puigdemont a escapar de España, según habría apuntado una carta del consejo de administración de CatGlobal. Una cuestión que debería aclararse bien.
