La todavía presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, agota sus últimos días al frente del cargo. Y lo hace por la puerta grande: ha pedido al Supremo que le apliquen la amnistía por su caso de corrupción. Nada más y nada menos.
En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso a la expresidenta del Parlament una condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionamiento de contratos. Concretamente, los jueces acreditaron que Borràs hizo movimientos “ficticios” en más de 15 contratos informáticos, entre los años 2013 y 2017, para beneficiar a un conocido suyo y, a la vez, eludir los controles de la administración.
Ahora, Borràs pretende que este escándalo quede amparado en la ley de amnistía, pues, según ella, fue condenada por "divulgar el proyecto independentista" y no por fragmentar contratos y adjudicarlos de forma arbitraria.