Lore Bilbao, viceconsejera de Sanidad del Gobierno vasco
Lorea Bilbao
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Las administraciones públicas tienen el deber de garantizar la seguridad jurídica necesaria para que las empresas puedan operar. Es una de las responsabilidades de las instituciones de todos, uno de los cometidos para con los gobernados. Ello, precisamente, es lo que no ha ocurrido en Euskadi con el servicio de ambulancias.
La catalana de transporte sanitario Grup La Pau, una cooperativa con alma social, está a punto de arrojar la toalla en las concesiones de traslado urgente y no urgente de pacientes tras una campaña de acoso y derribo rayana en el vandalismo más radical.
Como ha informado este medio, el grupo de economía social ha aguantado hasta un 36% de absentismo laboral -más vacaciones, permisos y una huelga al mismo tiempo- en un solo mes. Esta hemorragia laboral, difícilmente producto del azar o la casualidad, le obligó a desembolsar unos 200.000 euros sólo para cubrir las bajas inesperadas.
Son datos para agosto, pero se suman a los del resto del año. Grup La Pau ha visto cómo su operativa en País Vasco quedaba secuestrada por una minoría sindical movida por intereses endogámicos. Su origen catalán, de Badalona, ciudad-matriz del cinturón rojo de Barcelona, no ha sido pedigrí suficiente para detener a los antisistema.
Éstos no sólo se han ausentado masivamente de sus puestos de trabajo, sino que han quemado ambulancias, apedreado vehículos con pacientes dentro, lanzado campañas de intimidación y desprestigio, denunciado penalmente sin éxito, pintarrajeado grafitis en las sedes y bases y encadenado huelga tras huelga con posturas maximalistas y vacías de toda responsabilidad.
A todo ello, el Gobierno vasco, representado en esta área por Lorea Bilbao, una profesora universitaria de la UPV-EHU, ha mostrado una actitud cobarde y timorata. Ha sido incapaz de defender al tejido económico pese a que el PNV se postula como partido favorable a la creación de riqueza y empleo.
En el caso de la aventura empresarial de Grup La Pau, no ha sido así. Los jeltzales han contemporizado con el radicalismo sindical más ultramontano, haciendo imposible la explotación de un servicio esencial para la ciudadanía. Un triste precedente no sólo para La Pau, actual concesionaria del mismo, sino para cualquier empresa que se plantee invertir en la autonomía vasca.
