La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera EUROPA PRESS
María Jesús Montero
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El Gobierno español sigue poniéndose de perfil ante el escándalo del regreso del prófugo de la justicia Carles Puigdemont a España y su posterior huida del país. El hecho de que los Mossos d'Esquadra, responsables de detenerlo, fueran incapaces de cumplir su cometido no parece preocupar demasiado a los mandatarios socialistas. Entre ellos, a la vicepresidenta María Jesús Montero, que durante su visita de ayer a Barcelona para asistir a la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, trató de quitar hierro a un asunto tan grave.
Montero se ciñó al guión que parecen seguir los dirigentes del PSOE estos días, limitándose a lavarse las manos y delegar cualquier responsabilidad en la policía autonómica. Un argumento inaceptable. Más aún si se tiene en cuenta que si, como se baraja, Puigdemont llegó a España el martes -es decir, dos días antes-, no sólo han fallado los Mossos, sino los servicios de inteligencia del país.
El Ejecutivo tendría que hacer autocrítica de lo ocurrido. Y tomar buena nota de cómo ha gestionado la Generalitat de Cataluña hasta el día de hoy buena parte de sus servicios públicos. No sólo su policía autonómica, sino también la Sanidad -donde falta personal y sobran listas de espera- o la Educación, donde los resultados de los alumnos de Cataluña están a la cola de toda Europa, según el último informe PISA. Con tales credenciales, no parece que el concierto económico que ERC le ha exigido al PSC para tener "la llave de la caja" sea una idea muy brillante. Por mucho que Montero también se empeñe en decir lo contrario.
