El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz
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El trágala del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, desautorizando a los cuatro fiscales del procés que, de forma unánime, han rechazado conceder la amnistía a los investigados y encausados del procés catalán supone una nueva mancha en el controvertido historial de este jurista, impuesto por el Gobierno incluso después de que el CGPJ rechazara su ideoneidad para el cargo.
Con esta decisión, García Ortiz abre una nueva disputa en el Poder Judicial, donde su decisión de conceder la impunidad incluso a los delitos de malversación cometidos en el golpe secesionista de Cataluña no ha sido vista con buenos ojos. Y carga de razones a quienes le acusan de falta de neutralidad y de una supuesta afinidad a las tesis del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
García Ortiz acumula demasiadas polémicas como para seguir en el cargo. Imponer la amnistía a la fuerza, en contra del criterio de los fiscales, es una más. Y se añade a otras recientes como su desautorización, por parte del Tribunal Supremo, por extralimitarse al nombrar a su predecesora, la exministra socialista Dolores Delgado, como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. O a las dudas que genera su papel en la filtración de datos de la investigación a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una cuestión pendiente de aclararse.
