La alcaldesa Eva Martínez y Teresa Cunillera, exdelegada del Gobierno en Cataluña, durante la firma por la variante de Vallirana en 2019
Eva María Martínez
El próximo lunes 13 de mayo, el máximo responsable de la Policía de Vallirana (Barcelona) se sentará ante el tribunal de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona acusado de un delito de acoso en el ámbito laboral. Según el ministerio fiscal, entre 2011 y 2015, el subinspector A.P.V. estuvo hostigando de forma asidua al sargento del cuerpo, J.M.P, con el único objetivo de "aislar y menospreciar a su subordinado".
Por estos hechos, quien sigue dirigiendo el cuerpo policial del municipio se enfrenta a dos años de prisión y a una indemnización de 12.000 euros que, en caso de resultar culpable, deberá asumir el ayuntamiento, dirigido por la socialista Eva María Martínez, como responsable civil subsidiario.
Pese a que políticos deben tener poca incidencia sobre los cuerpos policiales -extremo que siempre se ha respetado en esta población del Baix Llobregat-, y que debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que este caso, que se prolongó durante varios años, es el mejor ejemplo de que se puede y se debe mejorar en la gestión laboral de los cuerpos policiales.
Los cargos de poder no pueden suponer una excusa para amedrentar y hostigar a los subordinados y, a pesar de la independencia, los consistorios deben velar por el bienestar emocional y laboral de todos sus trabajadores, buscando soluciones dialogadas.
