Joan Guàrdia

La Universitat de Barcelona anunció este jueves la modificación de su Código Ético para incorporar como "mala praxis profesional" las relaciones sexoafectivas entre el personal docente e investigador y el alumnado. La UB ha considerado que se trata de vínculos, "en todos los casos, asimétricos de superioridad del primer colectivo frente al segundo" que, además, pueden incurrir en "situaciones de abuso y de conflicto de interés en el proceso de evaluación y supervisión".

Con este anuncio, la universidad que rige el psicólogo Joan Guàrdia (Barcelona, 1958) ha querido limitar los casos de abusos de poder que se pueden dar en las relaciones entre el alumnado y el profesorado. A pesar de que la voluntad es buena, el anuncio presenta errores de forma y fondo. En primer lugar, el Consejo de Gobierno de la UB no ha presentado aún el nuevo texto del Código Ético, ni ha explicitado qué castigos se podrían aplicar, si los hubiese, en caso de incumplimiento del nuevo mandato. En segundo lugar, esta modificación pervierte, de raíz, el concepto de consentimiento.

La idea de consentimiento, que ha quedado más que clara en la reciente sentencia condenatoria contra el futbolista Dani Alves, implica también que existe la posibilidad de que dos personas puedan tener un deseo real de mantener relaciones sexuales o afectivas, a pesar de una posible diferencia de edad, posición social o rol circunstancial.

Si bien la determinación de modificar el Código Ético pone el foco sobre el profesorado, y no sobre el alumnado, este segundo queda infantilizado, con un mandato paternalista que asume que, al ser más joven, no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su propia sexualidad y le considera incapaz de detectar situaciones de acoso o riesgo para su integridad.

Hecho el anuncio, el equipo de Guàrdia, candidato a rector con apoyo del independentismo y que en 2023 fue reelegido, debería detallar si se perseguirá a aquellos profesores y alumnos que mantengan relaciones personales y qué tipo de consecuencias podrían tener. Y, en todo caso, debería la institución pública plantearse hasta qué punto tiene la competencia de intervenir en la relación consentida entre dos personas mayores de edad. Pero con Guàrdia nunca se sabe: él avaló, pese a las sentencias judiciales, que la UB rompiera la neutralidad política a favor del nacionalismo en el momento álgido del procés.