Joan Ignasi Elena

Cualquier administración del país debe mantener un cierto nivel de vigilancia para proteger a los funcionarios, ciudadanos y bienes. 

Es, precisamente, lo que no pasó en la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Lleida el pasado 29 de enero. Se permitió que irrumpieran una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para protestar contra un desahucio. 

Aunque en esa ocasión los que okuparon la sede eran activistas provivienda pública, la siguiente vez podrían ser intrusos con intenciones muy distintas. No es de recibo que la Consejería de Interior se escude en el concurso de acreedores de la adjudicataria, Norvik.

Debe velar por la protección de los edificios públicos, que es de su competencia. Y, a tenor de lo visto en Lleida, no lo está haciendo.