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Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) están cumpliendo escrupulosamente con la ley y el Derecho, inasequibles al acoso independentista. Evitar la discriminación lingüística es el objetivo de las sentencias que obligan a las escuelas a impartir al menos un 25% de asignaturas en castellano, ante la resistencia de la Consejería de Educación de la Generalitat, empecinada en marginar uno de los dos idiomas oficiales de la autonomía.