Más de 36.000 opositores se examinaron el sábado para tener una plaza pública, sin que se produjeran incidencias. Es una buena noticia, obviamente. Pero la normalidad con la que transcurrió la jornada evidencia que la Generalitat de Cataluña pudo haber evitado el caos registrado el pasado abril, y que obligó a los responsables de Función Pública a repetir las pruebas. La diferencia es que, en aquella ocasión, se externalizó la organización. El daño está hecho, pero esperemos que el Govern catalán haya aprendido la lección.

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