La Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha cerrado el expediente de Iqoxe con una multa que sabe a poco. El gravísimo accidente de la factoría química en Tarragona, que se saldó con tres muertos y ocho heridos, ha merecido un reproche dinerario valorado en 2,1 millones de euros.

Bien está que se castigue el negligente comportamiento de la compañía, pero las graves irregularidades detectadas por el Govern deberían haber merecido una sanción más severa.