Diana Riba

ERC, Junts per Catalunya, CUP, Òmnium, la ANC y el secesionismo catalán en general se agarran como a un clavo ardiendo al presunto espionaje con el programa Pegasus para intentar desprestigiar a España y sus instituciones democráticas. Esta vez, aprovechando la visita de miembros de la comisión de investigación de la Eurocámara al país, con los cuales prevén reunirse el lunes --un encuentro que, dicho sea de paso, contrasta con el férreo rechazo de la Generalitat a otra misión comunitaria que se desplazará a Cataluña próximamente para comprobar de primera mano cómo se excluye el castellano en su sistema educativo--.

Los mandatarios secesionistas y su aparato político y mediático esgrimen como una revelación incuestionable el estudio Catalangate de CitizenLab: un informe que, si por algo sorprende, es por su aparente falta de rigor metodológico, de neutralidad, transparencia y sus conflictos de intereses --uno de sus ocho autores, por ejemplo, es el activista secesionista Elies Campo--. Unas deficiencias que han sido puestas en evidencia por el catedrático de la UNED José Javier Olivas, que la semana pasada presentó en la Eurocámara un extenso y pormenorizado análisis que desmonta las acusaciones vertidas contra el Gobierno español por parte de esta polémica entidad dependiente de la Universidad de Toronto. 

Entre los reproches de Olivas figuran algunos no menores, como por ejemplo que CitizenLab omita en su estudio "los vínculos bien documentados con Rusia y los intentos rusos de desestabilizar España y la UE apoyando a los secesionistas catalanes". O que se presente como víctimas a dirigentes investigados por la presunta creación y desvío de fondos públicos para financiar a Tsunami Democràtic.

Harían bien los dirigentes del procés --caso de Carles Puigdemont (JxCat) o de la eurodiputada de ERC Diana Riba, hiperactivos en sus intentos de vincular a España con un supuesto espionaje masivo e indiscriminado al secesionismo-- en ser más cautos en sus tesis. No sea que, algún día, se confirmen en Europa las sospechas de que las acusaciones de CitizenLab carecen de rigor, credibilidad y fundamento.