La Oficina Antifraude de Cataluña siempre ha sido muy proactiva en la protección de los denunciantes de la corrupción. Hasta el punto de haber amparado a tres personas que alertaron de malas prácticas en la Administración sin tener competencias. Ahora las tiene, gracias a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2023, e incluso tendrá capacidad sancionadora. Se adelanta así a la ley estatal. Toda medida legal que impida que estos alertadores sufran represalias es bienvenida. Y muy necesaria.