Las educadoras de dos guarderías de Rubí (Barcelona) han iniciado una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales. Llevan 17 años con los sueldos congelados pese a que el nivel de vida se ha encarecido en los últimos tiempos. Eso no les permite vivir de su vocación. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Rubí, liderado por Ana María Martínez (PSC), echa balones fuera escudándose en que la gestión la lleva una empresa externa, Cavalls de Cartró.
No le falta razón, pero es muy fácil echar la culpa a otro. Por eso, el consistorio debería tomar cartas en el asunto e iniciar una negociación con las profesionales. No sólo para contentarlas a ellas, también a unos padres que sufren las consecuencias del conflicto laboral y que quieren que la calidad de la educación de sus hijos sea la mejor posible.