Como no podía ser de otra manera, el Govern ha negociado con los sindicatos el decreto sobre reducción de la temporalidad de los funcionarios: el mismo Ejecutivo autonómico que, sin embargo, tuvo que retirarlo de la orden del día del Pleno del Parlament por falta de apoyos. La consejería de Presidencia, responsable del área de función pública, ha pasado de puntillas por el necesario diálogo con los grupos parlamentarios, imprescindible para aprobar finalmente esas normas. Vuelven a peligrar, por tanto, las medidas de la Generalitat