Antoni Cañete

Otra vez más, el Govern parece decidido a limitar la actividad económica para reducir los contagios de coronavirus sin compensar los daños a las empresas afectadas, entre ellas, bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros y establecimientos en centros comerciales; negocios centrales para la economía catalana. Hay que reconocer la voluntad de diálogo de Antoni Cañete, presidente de la patronal Pimec, y el president Pere Aragonès, que han llegado a un entendimiento para desplegar ayudas públicas de forma "inminente" para evitar más quiebras y una recaída en la crisis. Sin embargo, Cañete no debería dejarse engañar: los recursos económicos movilizados por la Generalitat serán insuficientes. Lo sabemos porque lo ha admitido el propio president, que ha reclamado al Gobierno que lance nuevos fondos Covid.

Los elevadísimos niveles de endeudamiento público hacen que los estados europeos tengan menos capacidad de maniobra para sortear la situación actual en comparación con las primeras olas de la pandemia, mientras que el Banco Central Europeo, que en 2020 inyectó 1,35 billones de euros para, entre otras cosas, comprar bonos al sector público, tiene ahora las manos atadas por la creciente inflación. Y no hay que olvidar que muchos de los bares obligados a cerrar durante meses deberán devolver este 2022 los préstamos ICO. Ante estas circunstancias, no parece realista esperar un gran despliegue de recursos públicos. Al endurecer las medidas autonómicas sin poder garantizar las compensaciones necesarias para paliar su impacto, el Govern se limita a echar balones fuera y vuelve a hacer gala de la irresponsabilidad como bandera de su gestión económica.