Que en un momento en el que la necesidad de impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus por parte de las Administraciones públicas se haya convertido en la máxima política que el Govern decida que cobra poco y que es necesario subir salarios en la Generalitat solo genera más rechazo social. Especialmente porque las retribuciones del presidente catalán, Pere Aragonès, de sus consejeros y de sus cargos de confianza son las más altas del Estado.
ERC y JxCat mantienen el mensaje de que Cataluña está "infrafinanciada", aunque no en materia retributiva de sus administradores. Además, el hecho de que la retribución del president supere los 132.800 euros anuales, los 14 consejeros cobren más de 117.800 euros y los secretarios generales de los departamentos perciban otros 93.900 euros también anula el discurso de la "represión" que supuestamente el Estado ejerce sobre los independentistas. No serían los mejores ejemplos de políticos reprimidos.