Que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), empresa pública presidida por Ricard Font, pida ayuda a Renfe en el accidente registrado el viernes en la línea que une Lleida con La Pobla de Segur forma parte de la normal colaboración entre administraciones.

No lo es tanto el empeño de la Generalitat en gestionar la lanzadera al aeropuerto de El Prat sin atender otras alternativas quizá más eficientes. Y que se haya creado una sociedad de forma urgente para llevarla a cabo hace sospechar.