Irene Bonet, en archivo
La publicación de una convocatoria interna en Adif ha reavivado el malestar en el sector de la seguridad privada. El motivo: los requisitos que impone la empresa pública para cubrir el puesto de director de Seguridad y Autoprotección en Madrid, considerados excesivamente restrictivos y, según algunas voces sindicales, diseñados a medida.
Bajo la responsabilidad de Irene Bonet, secretaria general de la entidad, la oferta exige al menos veinte años de experiencia fija en el sector público, excluyendo de facto a la mayoría de profesionales de la seguridad privada, que cuentan con una sólida trayectoria pero en el ámbito privado. A ello se suma la ausencia de un requisito básico en el sector: la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), indispensable para ejercer funciones de seguridad.
Desde el sindicato ADN Sindical y la asociación Adispo en Cataluña, critican que este tipo de procesos “pastelean” las contrataciones, priorizando perfiles que ya están en la administración y dejando fuera a especialistas del propio sector. En palabras de uno de sus representantes, “podría acabar accediendo al cargo un funcionario sin experiencia en seguridad, mientras se descarta a profesionales formados específicamente para ello”.
Tampoco ha pasado desapercibido que se valore de forma especial la trayectoria en cuerpos como la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, lo que refuerza la percepción de que el puesto podría estar pensado como salida dorada para determinados perfiles en segunda actividad.
Bonet, una de las voces fuertes dentro de la estructura de Adif, ha mantenido silencio por ahora, sin responder a las cuestiones planteadas por este medio. Mientras tanto, el reloj corre: la convocatoria cierra este mismo 22 de julio y la sensación de que hay un nombre escrito antes de que se recojan las candidaturas sigue alimentando las críticas.
