Magdalena Valerio ultima acuerdos en pensiones y reforma laboral

Las dificultades en el Congreso no son un impedimento para que el PSOE prepare su plataforma electoral de cara a los comicios de mayo. Tendrá dos patas, una Agenda del Cambio que en breve presentará el presidente del Gobierno. Esta, contendrá un “modelo económico sostenible y de fuerte contenido social” que irá más allá de esta legislatura. También superará la agenda social más típica.

El acuerdo con los autónomos, el incremento del salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones ligada al IPC para que los mayores no pierdan capacidad adquisitiva han sido los primeros pasos de este nuevo ámbito. El próximo lo dará la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Concretará en los próximos días un pacto con los sindicatos y los empresarios en materia de reforma laboral y pensiones.

Los agentes sociales califican este posible acuerdo como “descafeinado” porque son conscientes de que sus diferencias en estas materias hacen imposible ir más allá. Especialmente, si se tiene en cuenta que no hay mayoría suficientes en la Cámara Baja que hagan posibles avances en estas materias.

Valerio ha abierto dos frentes negociadores: con sindicatos y empresarios y con las fuerzas políticas. Los aspectos básicos estarían acordados.

En reforma laboral, el convenio de sector estará por encima del convenio de empresa; se suprimirá la ultraactividad; y se evitará la subcontratación desmedida. Esto último se conseguiría mediante un ajuste de la definición de actividad principal de cualquier compañía. El control horario para evitar prolongaciones de la jornada laboral sin retribución es uno de los grandes escollos y la reforma de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ni tan siquiera se ha abordado por las diferencias abismales que existen entre las partes.

En pensiones, se propone una revalorización ligada al IPC; la supresión del factor de sostenibilidad que a partir de 2020 empezaría a cercenarlas; se extendería el cálculo sobre 35 años de vida laboral; se desligarían los gastos corrientes y las nóminas de la Seguridad Social de las cuotas; y se pasarían las contributivas a los presupuestos. También se propondrá dejar el contador a cero al cargar el déficit actual del sistema a los grandes números del Estado.

El objetivo es el ahorro de 15.000 millones anuales. Una cifra que se entiende que garantizará la viabilidad del sistema. Eso sí, sustentado en impuestos.