Can Rigalt, la especulación inmobiliaria que salvó a la primera junta de Laporta de los avales

Las dos juntas directivas dirigidas por Joan Laporta se han destacado como artistas de la improvisación financiera. El FC Barcelona vive al día desde antes que el abogado catalán regresase a la presidencia en marzo de 2021. En la última semana, al máximo dirigente se le han amontonado los problemas institucionales. La Agencia Tributaria tiene en el punto de mira la composición del aval de 124,6 millones de euros que permitió a Jan tomar el cargo. Nada nuevo en un circo mediático llamado Barça, donde el funambulista Laporta ha aprendido a realizar malabares sobre la cuerda floja.

En 2005, una maniobra de especulación inmobiliaria salvó a la primera junta directiva presidida por el abogado barcelonés de los temidos avales. Por aquel entonces, la Ley del Deporte establecía que la dirigencia debía aportar un 15% del presupuesto de las instituciones deportivas en España para gobernarlas. Cuando Joan Laporta se impuso en las urnas en 2003, el nuevo equipo directivo tuvo que aportar una garantía bancaria de 20 millones de euros, es decir, 25.000 euros por cabeza, como ha podido constatar Culemanía. 

Un bálsamo envenenado

Con esto, ese patrimonio queda retenido por las entidades de crédito. El depósito en cuestión genera unos costes financieros anuales, salvo que el club registre beneficios --durante el mandato de su junta directiva-- con los que reducir el aval hasta saldarlo íntegramente. Y Laporta, que no deja escapar ninguna oportunidad económica, se sacó un as de la manga. Unos terrenos adquiridos por la junta de Josep Lluis Núñez en 1997 a cambio de 1,43 millones de euros iban a ser el primer bálsamo de Jan y su séquito: Can Rigalt.

Al término del curso 2004-05, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y otros dos directivos dimitieron en bloque, dadas sus discrepancias con Laporta, Ferran Soriano y su núcleo duro. El presidente se quedó nuevamente con el aval a medio hacer tras la lluvia de fugas. Es en esas situaciones acuciantes, con el agua al cuello, que el dirigente catalán emula a Leo Messi y se inventa su mejor filigrana para salir al paso y remontar en el último minuto.

Venta a la desesperada

Como en la ansiada búsqueda de liquidez mediante las palancas, el Barça se desprendió a la desesperada de Can Rigalt, su baza inmobiliaria, en una operación más ensombrecida por la oscuridad que alumbrada por la ética financiera. En posición de vulnerabilidad, Laporta sucumbió ante la persuasión de Celestino Corbacho, alcalde de L'Hospitalet y presidente de la Diputación de Barcelona por esas fechas, el gigante energético FECSA, presidida por el que fuera su exsuegro Juan Echevarría (1996-98), y la inmobiliaria Sacresa.

La operación se registró en las cuentas del club como una venta a la promotora La Llave del Oro por 35,4 millones de euros. Con tal de obtener  los más de 30 millones de beneficios y librarse del aval, se anotó una plusvalía de 28,7 millones. La institución barcelonista tasó los costes en 6,7 millones, obviando la gran mayoría del gasto de urbanización que implicaría en un futuro. Como por ejemplo los 30 millones que se tendrán que desembolsar para la nueva central eléctrica de Collblanc cuando las obras levanten el vuelo.

Ni siquiera se incluyó en el contrato la fecha de entrega del 30% de la superficie edificable entre las cuatro fincas, pendientes de urbanizar desde la última modificación del Plan General Metropolitano de Can Rigalt en 2006. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión de 2008 dieron al traste con el proyecto de construcción de 26 edificios, paralizado hasta la actualidad. Los números de la transacción quedaron bonitos para eludir la carga financiera anual del aval. Y si te he visto no me acuerdo.

Bartomeu heredó el 'marrón'

Pero no es oro todo lo que reluce. Dicha artimaña contable se sostuvo en pie 10 años hasta que sucumbió una década más tarde, tumbada por el peso de un laudo emitido por el Tribunal Arbitral de Barcelona. Josep Maria Bartomeu, presidente electo entre 2015 y 2020, cargó con el muerto. El pelotazo inmobiliario regresó a modo de boomerang. Sin los permisos de reparcelación previos a la construcción, La Llave de Oro no podía recibir su porción de los terrenos, todavía por urbanizar.

La agencia inmobiliaria reclamó la entrega pactada o, en su defecto, la reversión de la compra. El Tribunal Arbitral redactó un primer laudo que obligaba al FC Barcelona a obtener los permisos del Ayuntamiento de L'Hospitalet antes del 30 de julio de 2014. Así, se debía dar luz verde al plan de viviendas. Un supuesto que nunca tuvo lugar.

La promotora requirió un nuevo laudo. El litigio se resolvió con un mazazo astronómico para el club azulgrana en 2016, diez años después de pactar la operación. El mismo órgano jurídico condenó al Barça a recomprar las fincas por los 35,4 millones ingresados una década atrás más 11,6 millones de intereses legales. Un negocio ruinoso que costó 47 millones. En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 16-17, la reversión de las provisiones efectuadas amortizó el golpe de las pérdidas correspondientes por la rebaja del valor del activo inmobiliario.

Intento de astucia fracasado

En aquellas parcelas que hoy son un mero lastre, Sandro Rosell había soñado con construir un nuevo Camp Nou. Sin embargo, la orografía del terreno --demasiada pendiente-- y el impacto económico excesivo de las obras disuadieron al expresidente.

Como los terrenos de Viladecans, las fincas de Can Rigalt convertidas en un descampado abandonado no le reportan ganancia alguna al club presidido por Joan Laporta. Es más, en la última Memoria Anual de la temporada 2022-23, se refleja una depreciación de 3,8 millones. Tres veces menos que el deterioro de las parcelas que la institución tiene en Viladecans: 11,9M. 

Todo vuelve. Aquel intento de astucia para suprimir el coste del aval en 2005 se le ha vuelto en su contra y ha causado numerosos dolores de cabeza a largo plazo. Y los provocará en un futuro, porque el Barça, como propietario de una porción en Can Rigalt, tendrá que asumir 30 millones para la puesta en funcionamiento de la nueva central eléctrica de Collblanc.