Los directivos de Laporta acordaron pagar 150.000 euros por barba para costear el aval de 124 millones
Aunque el presidente transmitió que toda la junta pagaría de forma solidaria, la realidad es que entre un 40% y un 50% de los directivos no lo han hecho
16 mayo, 2024 03:45Noticias relacionadas
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Pasa el tiempo y las verdades van saliendo a la luz. El famoso aval para alcanzar la presidencia del FC Barcelona todavía trae cola. Tres años y dos meses después de constituirlo con premeditación, alevosía y nocturnidad, en la notaría de Aribau con Diagonal, número 550, sigue sin estar resuelto el pago de los costes financieros del aval que fue constituido en el Banco de Sabadell --y en La Caixa, la parte relativa a José Elías y Eduard Romeu-- por importe total de 124,6 millones de euros. Según ha podido saber Culemanía, entonces se acordó un pago solidario de 150.000 euros para cubrir los intereses derivados del aval entre todos los miembros de la junta directiva. La realidad es que entre un 40% y un 50% no han cumplido todavía.
Los citados 150.000 euros por barba comportaban, incluso, un excedente. En principio hacían falta 2,6 millones de euros. Teniendo en cuenta que la junta definitiva la terminaron conformando 19 directivos, el resultante total debía ascender a 2,85 millones de euros. Es decir, hubiesen sobrado 150.000 euros. El problema es que prácticamente la mitad de los directivos no abonó su parte alicuota correspondiente.
La 'guardia pretoriana' se libra
Se da por sentado que fueron eximidos de pagar los directivos que componen la llamada guardia pretoriana del presidente. Amigos personales, abogados en su mayoría, leales, pero lejos de ser ricos empresarios capaces de amasar grandes fortunas. Ellos son, al menos, Rafa Yuste, Elena Fort, Josep Cubells, Xavi Puig, Josep Ignasi-Macià y Alfons Castro.
Los que, en cambio, estuvieron obligados a pagar --y entraron en la junta, en buena medida, por su solvente situación económica-- fueron Juli Guiu, Antonio Escudero, Eduard Romeu, Ferran Olivé, Jordi Llauradó, Joan Soler, Xavi Barbany, Àngel Riudalbas y, teóricamente, el propio Laporta. Por último, los que son duda y, en algún caso, todavía reniegan de la obligación de pagar ese aval, son Miquel Camps, Aureli Mas, Joan Solé y Joan Maria Albert. Se entiende que varios de ellos sí que cumplieron con su obligación, pero no la totalidad.
1,8 millones de préstamo
Para compensar el dinero que no abonaban algunos directivos, Laporta encontró ayuda procedente de 'amigos'. Las transferencias de 750.000 euros de JBM Investments 2014 SL, propiedad del empresario israelí Morris Moshe Benisty, de 700.000 euros de Capital Planet SL, cuyo administrador único es Xavier Laporta, hermano del presidente, y de 350.000 euros procedentes de ISL Futbol LLC, empresa dedicada a la fundación de FCB Escoles y organizadora de la gira de verano del Barça en 2022, sirvieron para cubrir lo que faltaba. En total, una inyección de 1,8 millones. En teoría, todas estas cantidades se emitieron en concepto de préstamo, aunque la cuenta de los directivos solamente ha devuelto los 700.000 euros que anticipó la empresa de Xavi Laporta.
Pero más allá del coste del primer aval --y el más elevado, con mucha diferencia-- se han tenido que confeccionar otros avales por parte del Barça con posterioridad. En verano de 2022 se tuvo que constituir otro aval, presentado ante la Liga, para inscribir a Jules Koundé. Durante el verano siguiente, el de 2023, la junta azulgrana presentó otro aval para compensar la reducción salarial no ejecutada en las secciones del club --se hizo en formato de aval de 3 millones y de pagaré por valor de otros 3 millones-- y a finales de agosto se confeccionó otro aval de 12 millones para terminar de inscribir a los fichajes, como Joao Félix y Cancelo. Esos 12 kilos también fueron divididos en formato aval (6M) y en formato pagaré (6M).
Costes financieros posteriores
¿Y por qué el club se empeña en utilizar este formato de aval híbrido, presentando la mitad en forma de pagaré? El motivo es que la parte que se presenta en pagaré no genera intereses financieros. Por lo tanto, la junta tiene que asumir, además de los intereses del aval inicial, el coste derivado de 3 millones (del aval de 6) y de otros 6 millones (del aval de 12).
Mención especial merece la irrupción de Jaume Roures, que avaló 30 millones de euros, pero se negó a pagar los intereses derivados de ese aval. La junta de Laporta tuvo que asumir ese coste, cifrado en unos 350.000 euros. Un importe que, precisamente, coincide con la cantidad que transfirió ISL como préstamo --con contrato en vigor, según aseguran Alex Isern y Marc Segarra, dueños de ISL-- que aún no ha sido devuelto. De otro lado, José Elías avaló 20 millones, pero se encargó él mismo de los costes financieros --cubriendo a Eduard Romeu--, y, posteriormente, presentó otro aval de 20 millones más, cuyos intereses financieros también tuvieron que cubrir entre Elías y el propio Romeu.