Silvia López Mejía no salió del 'caso Negreira' por incompatibilidades con su cargo

Nuevo capítulo controvertido en el caso Negreira. Esta vez, con múltiples aristas e interpretaciones cruzadas. El Debate publicó en los últimos días que la jueza de refuerzo que dirigió la instrucción en su fase inicial, Silvia López Mejía, había ocultado a la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja es el proveedor preferente de la cartelería del FC Barcelona. Un hecho que, según el citado medio --y los demás que se han hecho eco--, la habría llevado a incurrir en una incompatibilidad por presunto conflicto de intereses. 

Silvia López Mejía no fue apartada

Culemanía ha podido saber, en cualquier caso, que la magistrada en ningún momento fue apartada del caso por dicho motivo. La teórica incompatibilidad nunca intervino como móvil de su salida. Silvia López Mejía salió del caso Negreira tan sólo por la finalización de su suplencia, con fecha de caducidad el pasado 30 de junio.

El juez principal del caso, Joaquín Aguirre, fue quien solicitó formalmente un refuerzo para el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona por tener, él, una gran carga de trabajo a finales del año 2022. Uno de los motivos que le ocupa es el caso Volhov, que desde 2018 está asignado a este mismo juzgado, que también instruyó en el último año un caso de tráfico de influencias vinculado a David Madí, que terminó archivado. 

Tras solicitar ese refuerzo, el Poder Judicial asignó temporalmente a la jueza Silvia López Mejía, titular del juzgado número 9 de Barcelona, para ayudar a Aguirre. El sistema de reparto es tan simple como curioso: los expedientes con número impar para el uno y los pares, para la otra, o viceversa. De ese modo, acabó el caso Negreira en manos de la magistrada. Ella terminó su sustitución en la fecha pactada y el juez Aguirre se hizo cargo de la instrucción en agosto, debido a que durante el mes de julio había estado de vacaciones.

Un supuesto conflicto de intereses

La polémica que han aireado El Debate y otros medios de comunicación radica en el hecho de que Silvia López Mejía, en vez de rechazar la sustitución por presunto conflicto de intereses, la aceptara a sabiendas de que su cónyugue hace negocios con el Barça. Así lo demuestra la documentación aportada por el citado medio.

Enríquez Negreira, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu Montaje CULEMANIA

Ignasi Pietx, que es como se llama la pareja de la jueza, es propietario de Artyplan, una empresa de reprografía especializada en impresión corporativa de gran tamaño. Un documento de la compañía acredita que es el "proveedor preferente de toda la producción gráfica del Barça desde el año 2003". Entre los trabajos que suele realizar se encuentran, al parecer, la elaboración de los programas de los partidos, vallas publicitarias, banderas y pancartas alrededor del campo.

El apunte sobre la lona de Laporta

Al margen de las pruebas de dicho vínculo, El Debate recogía el testimonio de un trabajador de la empresa en cuestión, que aseguró al medio citado que Artyplan participó en la elaboración de la lona que Laporta colgó en Madrid en 2020, con el eslogan Ganas de volver a veros, para promocionarse como precandidato del FC Barcelona. Una información que otras fuentes consultadas por Culemanía han negado en rotundo. Y tiene sentido porque sería extraño que una empresa colaboradora del Barça hiciese lo propio con un candidato a la presidencia antes de estar en el club. 

Laporta, junto a la lona que exhibió en Madrid | EFE

Otra de las razones por las cuáles se ha criticado a Silvia López Mejía es por el hecho de que, durante los cuatro meses de instrucción al frente del caso, no hubiese decretado ningún registro, una cuestión totalmente subjetiva y que no es ni mucho menos necesaria u obligatoria, aunque así lo estimen en El Debate.

Aguirre pisa el acelerador  

López Mejía se encargó de la tramitación de cuestiones más burocráticas, mientras que desde que asumió el mando el juez Joaquín Aguirre, el caso ha cogido impulso con la decisión de imputar un supuesto delito de cohecho en los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA). Una imputación que genera controversia en el ámbito jurídico y que tanto el Barça como el resto de investigados en el caso ya han recurrido.

Sea como fuere, entra dentro de la lógica que la jueza de refuerzo apostase por no tomar medidas severas en un caso mediático cuya instrucción solamente iba a permanecer cuatro meses en su haber. Tras ese refuerzo en el juzgado de instrucción 1, el juez Aguirre elaboró un informe donde queda patente que se ha solucionado esa excesiva carga de trabajo que tenía acumulada.