Las tres jugadoras de la selección española citadas a declarar por el caso Rubiales, Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, han señalado a los responsables de las presiones a Jenni Hermoso. Tras el revuelo causado por el beso no consentido del expresidente de la Federación a la delantera del Pachuca, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera coaccionaron a la víctima. Es más, según las declaraciones de las testigos, Rubiales le habría pedido llorando a la futbolista afectada que grabara un vídeo defendiéndole.
En los testimonios que ha desvelado El Desmarque se constata el papel de cómplices que ejercieron el exseleccionador femenino, Jorge Vilda, del director deportivo del combinado masculino, Albert Luque, y del responsable de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera.
Luis Rubiales, junto a Jorge Vilda en un acto de la Federación
Súplicas entre lágrimas
Los tres presionaron a Jenni. Pero fueron los dos últimos quienes viajaron a Ibiza, donde se encontraba de vacaciones la campeona del mundo, con la consigna de salvar la cabeza de Rubiales. El que fuera técnico del equipo femenino llamó al hermano de Jenni con el mismo objetivo.
Se desprende del testimonio ofrecido por las futbolistas en videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia que, presuntamente, Rubiales llamó entre lágrimas a la afectada para que diera marcha atrás y grabara un vídeo restando importancia al suceso.
Tomar conciencia
Ciertamente, en las horas siguientes del beso no consentido, ni Jenni ni sus compañeras han admitido que quitaron hierro al asunto. Las campeonas del mundo atravesaban un momento de euforia tras levantar su primer Mundial.
Luis Rubiales, acudiendo a declarar a la Audiencia Nacional
Irene Paredes, una de las jugadoras citadas como testigos, fue la primera en tomar conciencia sobre la gravedad del suceso. La central del Barça pidió a sus compañeras que dejaran de bromear acerca del beso.
Lo que algunos querían dejar en anécdota ha adquirido dimensión internacional. La FIFA ha inhabilitado temporalmente a Rubiales, que se expone a una pena por posible agresión sexual que oscila entre uno y cuatro años de cárcel.