La Fiscalía finalmente ha confirmado oficialmente la denuncia al FC Barcelona por el nuevo Barçagate de Negreira. En este sentido, el escrito vincula a algunos de los antiguos miembros de la dirigencia azulgrana, como es el caso de Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau y Albert Soler. Cada uno de esos nombres habían sido mencionados en la antesala a la confirmación. Aunque la gran sorpresa fue la inclusión de Sandro Rosell, cuya presencia en la investigación está justificada en la legislación.
¿Por qué está Rosell en el ‘Barçagate’?
A pesar de haber dimitido de la presidencia del Barça en enero de 2014, la realidad es que Rosell todavía tiene implicación en el caso porque el tipo de denuncia prescribe a los 10 años, de acuerdo al Código Penal. En 2013 seguía ocupando el cargo de dirigente en el club azulgrana, por lo que el radio de la investigación cubre su mandato. Hay que recordar que la Fiscalía expone que se han cometido los siguientes hechos: delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo; delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En la mencionada denuncia de la Fiscalía, se detalla que “durante el período comprendido entre enero de 2011 y enero de 2014, en que el denunciado ARF (Alexander Rosell i Feliu) ostentaba la Presidencia del FCB, el importe abonado por dicha entidad a N SCP superó los 2 millones de euros, según los datos imputados por la AEAT en el modelo 347 y SII”.
Del mismo modo, también se describe lo siguiente: “A través de los Presidentes Rosell y Bartomeu el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Negreira, a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones”.
Las posibles consecuencias
La legislación española es bastante clara con respecto a los distintos delitos que denuncia la Fiscalía. Con respecto a la presunta corrupción entre particulares se castiga con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel; mientras que en la administración desleal serían de seis meses a tres años. Esto es a lo que se exponen los distintos acusados en uno de los casos más controversiales en la historia del FC Barcelona.