El plan inicial de Laporta se tambalea. Hasta hace poco, la estrategia consistía en seguir usando las palancas como vía temporal de ingresos; pequeñas bombonas de oxígeno con la esperanza de que, en unos años, la Superliga Europea saliese adelante. También se preveía potenciar los ingresos ordinarios con la captación de nuevos patrocinadores, además de impulsar el negocio del retail con la apertura de nuevos tiendas oficiales.
El caso es que estas últimas apuestas no están siendo suficientes para revitalizar una economía cada vez más hundida. Tampoco parece, por ahora, que la Superliga pueda convertirse en la salvación del Barça a corto plazo. Y mientras Javier Tebas sigue apretando las tuercas con sus nuevas restricciones para el control económico de la Liga, a Laporta se le están agotando las cartas en la baraja.
La sombra apocalíptica de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) cada vez sobrevuela más de cerca al FC Barcelona. Y algunos medios de comunicación, periodistas, antiguos directivos y exmiembros del club alertan, desde hace meses, sobre el cambio en el modelo de propiedad al que podría enfrentarse la entidad culé en cuestión de años... o incluso menos. El Barça ha sufrido unas pérdidas de entre 450 y 500 millones de euros en dos años, y este curso 2022-23 el balance no parece que vaya a mejorar. Mientras la deuda sigue creciendo y la masa salarial continúa disparada, muchos se preguntan qué ocurriría si el club se viese forzado a cambiar el modelo de propiedad y dejar de pertenecer a los socios compromisarios. ¿Cuáles serían las diferencias?
Una empresa en busca de beneficios
Hasta ahora, el FC Barcelona ha sido un club sin ánimo de lucro. Así lo recoge el primer artículo de los estatutos del club, que lo describe como "una asociación deportiva catalana de naturaleza privada, de personas físicas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar". Su finalidad, de acuerdo con el artículo cuarto, es la del "fomento, la práctica, la difusión y exhibición" de actividades deportivas. En una sociedad anónima deportiva, aunque también pueda promocionar el deporte, su fin primario pasaría a ser otro muy distinto: la obtención de un rendimiento económico.
Sin transparencia en las decisiones
Si el club está controlado por unos pocos accionistas con dinero, no tienen necesidad de dar demasiadas explicaciones al tratarse de una propiedad privada y no pública, como ha ocurrido hasta ahora con los socios compromisarios. En el Valencia CF, por ejemplo, pese a las protestas masivas que ha habido en los últimos años contra la gestión de Peter Lim, poco han podido hacer los fans para echar a la junta extranjera. En el Barça, sin embargo, la amplia base de propietarios obliga a los gestores a mantener una comunicación continua y a justificar constantemente sus decisiones, algo que podría perderse.
La identidad cultural, en riesgo
Nasser Al-Khelaïfi es un catarí a cargo del Paris Saint-Germain, Mansour Bin Zayed lo es en el Manchester City... En el FC Barcelona, la identidad cultural y los valores son importantes, forman parte de la marca que exporta la capital catalana al resto del mundo. Si el club se convirtiese en una SAD, los nuevos dueños podrían cambiar de sede el equipo si quisieran. Y no tendrían por qué representar ideológica o culturalmente a sus aficionados.
Accionistas en vez de los socios
El efecto más directo, naturalmente, es que el Barça dejaría de ser propiedad de sus aficionados. Las decisiones pasarían a ser tomadas por un grupo de inversores que priorizaría el beneficio económico por encima de los resultados deportivos, como en cualquier empresa. Las SAD pueden recibir aportaciones de capital y cotizar en bolsa, por lo que el club podría tener una masa accionarial con grandes recursos, que no necesariamente sería fan del equipo.
Adiós a las elecciones democráticas
En el Barça actual, la Asamblea General es el órgano de gobierno y los socios son quienes deciden quién preside la directiva mediante elecciones cada seis años. En la SAD, no obstante, las decisiones las toman la junta de accionistas y el consejo de administración, pero mientras alguien tenga el control del 51% del accionariado, puede hacer y deshacer a su antojo. Habría elecciones, pero no serían democráticas porque lo único que contaría es el número de acciones. Algunos podrían vender o comprar para ejercer más poder dentro de la entidad.