La juez del Barçagate halla indicios delictivos

El caso Barçagate sigue lejos de resolverse. Este miércoles se nos presenta un nuevo e importante capítulo. Según informó La Vanguardia la juez de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha prorrogado el secreto de la investigación del caso de las redes sociales al hallar indicios de delito en la contratación de un conglomerado de empresas para monitorizar las redes sociales.

La juez justifica la continuación de las pesquisas en secreto por los siguientes motivos: “Para evitar perjudicar las posibles líneas de investigación que se deriven de las mismas para la comprobación de los hechos presuntamente delictivos” y evitar “cualquier riesgo de desaparición de pruebas esenciales”

Esta investigación tiene su inicio en una denuncia de ocho socios que forman el grupo de Dignitat Blaugrana. Estos pedían aclarar si el club pagó un precio desorbitado --superior al millón de euros-- a NS Group, donde figuraba I3Ventures, para analizar la reputación en redes sociales y, a la vez, difamar contra jugadores y miembros de la oposición.

Bartomeu, posible investigado

Según las informaciones, la Unidad Central de Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos de los Mosso d’Esquadra han hallado indicios de administración desleal en la actuación de la junta directiva. Supuestamente algún directivo habría pagado un precio fuera de mercado y habría causado un prejuicio al patrimonio del Barça.

Josep Maria Bartomeu llegando a las instalaciones del Barça / FC Barcelona

Josep Maria Bartomeu llegando a las instalaciones del Barça / FC Barcelona

Por ese motivo, el cuerpo de policía no descarta que el presidente Josep Maria Bartomeu sea citado a declarar en calidad de investigado. También se sentarían en el banquillo Jaume Masferrer, exresponsable del área de presidencia y encargado de gestionar las relaciones con I3Ventures; otros directivos y Carlos Ibáñez, responsable de la empresa. Los Mossos siguen insistiendo que el precio era “hasta seis veces superior al de mercado”.

La policía catalana también abrió la investigación por el delito de corrupción en los negocios que intentaban “profundizar en las relaciones profesionales, contractuales y comerciales, así como las diferentes contraprestaciones y transferencias realizadas, para averiguar un posible beneficio económico o de cualquier otro tipo para alguno de los directivos, administradores, trabajadores o colaboradores de las posibles entidades relacionadas con el caso”.

La juez ya ha interrogado a varias personas conocedoras de la contratación de NS Group. Una de ellas fue la compliance officer, Noelia Romero, que fue despedida de la entidad y se ofreció a declarar voluntariamente en el juzgado para advertir de varias falsedades e irregularidades durante la presentación de la auditoría.

Cabe recordar, que el Barça le entregó a los Mossos la auditoría de Price Waterhouse Coopers sobre el Barçagate donde cuyas conclusiones eran favorables a los intereses del club. Esta auditoría externa determinó que el precio estaba dentro del mercado y que ningún directivo había dado instrucciones de difamar a la oposición ni “metido la mano en la caja”.