Sandro Rosell interpone acciones legales contra la justicia y el Estado
El expresidente del Barça clama venganza tras su calvario en prisión con una querella criminal y una demanda
4 marzo, 2020 02:04Sandro Rosell pasa al ataque. El expresidente del FC Barcelona quiere venganza. Después de pasar 643 días en prisión preventiva y ser absuelto de las acusaciones que la Fiscalía defendía a capa y espada ante la Audiencia Nacional, no es para menos.
Tras el calvario, Rosell ha decidido pasar a la acción de la mano de su abogado de confianza, Pau Molins. La estrategia judicial, según informa el diario El Mundo, consistirá en dos acciones ante la justicia por distintas vías: penal y civil.
Querella criminal
La primera es una querella criminal por prevaricación y falsedad documental, que ya ha sido presentada. El objeto del litigio es la juez del Supremo que instruyó su caso y le negó reiteradamente la libertad bajo fianza, Carmen Lamela. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ordenó su arresto acusándole de blanquear más de 20 millones de euros en comisiones ilegales y de liderar una organización criminal.
Lamela se encuentra en estos momentos en la Sala Segunda del Supremo, motivo por el cual Rosell ha presentado la querella ante esta instancia. La reclamación va directamente va dirigida contra la magistrada.
Demanda por daños y perjuicios
La segunda es una demanda contra el Estado que ultiman sus abogados y en la que reclamará más de 10 millones de euros por los perjuicios ocasionados a su imagen y las pérdidas económicas sufridas durante su tiempo en prisión. Lamela atribuyó al ex presidente azulgrana el lavado de comisiones ilegales millonarias cobradas por gestiones realizadas para la Federación Brasileña de Fútbol, y llegó a asegurar que Rosell "había hecho del delito su forma de vida". Por su parte, la Fiscalía le pidió durante el juicio una pena de seis años de prisión y 60 millones de multa.
Uno de los pilares argumentales de la querella de Rosell radica en que, a su juicio, la instructora «ocultó injustificada y deliberadamente hasta en tres ocasiones la existencia de un conjunto de información, más de 1.200 folios, de gran relevancia para la causa» que le exculpaba por completo.