Detenido un padre por aislar a su hijo de diez años en una habitación 365 días

Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) de la Jefatura Provincial de Málaga han detenido a un hombre de 47 años por la comisión de un delito contra los derechos y deberes familiares y otro de detención ilegal, tras mantener enclaustrado y aislado a su propio hijo de diez años durante un año en una habitación de su domicilio.

Estos hechos se remontan a finales de octubre del año pasado, cuando el Servicio de Protección de Menores se dirigió a la policía advirtiendo de las sospechas acerca de la situación de desprotección por aislamiento social en la que podría encontrarse un menor de edad.

Desamparo

Desde ese momento se llevó a cabo un estrecho seguimiento del caso por parte de los agentes, Servicios Sociales y el propio Servicio de Protección de Menores. Posteriormente, la Administración autonómica decretó el desamparo del menor y la posibilidad de asumir su tutela.

Para ejecutar dicha resolución, el pasado 25 de enero se estableció un amplio dispositivo policial para acceder con una orden judicial al domicilio donde se encontraba el menor y, proceder así, a su retirada y posterior ingreso en un centro de protección.

Aislamiento

Tras conversar con el niño, el menor manifestó que hacía un año que no salía de su habitación salvo para ir al baño y que dedicaba la mayor parte de su tiempo a jugar a videojuegos y a ver la televisión de forma constante, sin relacionarse con nadie.

Estas declaraciones fueron ratificadas por la tía del menor y el hijo de esta, quienes pese a vivir en el mismo domicilio que el niño, manifestaron que era habitual que pasaran meses sin verlo; ya que éste permanecía todo el tiempo en su habitación.

Orden de alejamiento

A tenor de la gravedad de las manifestaciones, así como de las evidencias aportadas por los Servicios Sociales, centros de salud y escolares afectados que confirmaban el completo enclaustramiento y aislamiento social del menor durante el último año, se ha detenido a su progenitor.

La autoridad judicial competente ha dictado una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con su hijo, así como la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte. Mientras tanto, se llevan a cabo las valoraciones para determinar el alcance del impacto del daño emocional y fisiológico causado al menor, quien continúa protegido por la Junta de Andalucía.