Imputan por "homicidio con dolo eventual" al médico de Maradona y a seis acusados más

La Fiscalía General de San Isidro, que investiga la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, imputa por "homicidio con dolo eventual" a los siete componentes del equipo médico encargado de velar por su salud. Entre ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque, el doctor que operó al Pelusa días antes de su muerte y que fue acusado de negligente.

Del mismo modo, se imputa a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz; los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón junto a su jefe Mariano Perroni; y la médica que coordinaba la internación domiciliaria del histórico futbolista, Nancy Forlini. Además, el fiscal solicitó al juez de garantías del caso, Orlando Díaz, que se les prohíba salir de Argentina hasta que terminen las indagatorias.

Lo dejaron "echado a su suerte"

Según informan fuentes judiciales, los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido a los 60 años el pasado 25 de noviembre de 2020, han citado a los siete imputados el próximo 31 de mayo para que presenten a declaración indagatoria. Todos ellos, acusados de un presunto "homicidio simple con dolo eventual".

Un altar improvisado en honor a Diego Armando Maradona / EP

El delito que se les atribuye implica que, como profesionales del sector salud, todos ellos sabían que su negligencia podía costarle la vida a su paciente. Así lo creen los investigadores liderados por el fiscal general John Broyad tras recibir las conclusiones de 11 peritos oficiales que aseguraron que Maradona fue "echado a su suerte".

Se enfrentan a 25 años de prisión

Según el informe pericial, los imputados dejaron colgado a su paciente con un tratamiento "inadecuado, deficiente y temerario". Por ello, fiscalía tomó la decisión de cambiar la imputación de homicidio culposo a dolo eventual, una situación que ya preveían los siete profesionales sanitarios investigados.

De hecho, se han incautado varios mensajes enviados entre ellos donde podían leerse comentarios como "vamos a ir presos", "puedo perder la matrícula", "hay que cuidar mucho la historia clínica" y otras frases similares. Si finalmente son condenados por el delito que se les imputa, los siete acusados podrían tener que enfrentarse a penas de entre ocho y 25 años de prisión.