Gonzale Boye, protagonista de un nuevo documental

Gonzalo Boye tendrá su propia película. El abogado defensor de Carles Puigdemont acusado por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico es el protagonista del nuevo documental del productor y director Sebastián Arabia.

No es la primera vez que el letrado chileno es objeto de un proyecto como este: ya lo fue en 2016 cuando el mismo realizador dirigió una documental sobre el personaje. Entonces, sólo era famoso por la defensa del expresident de la Generalitat y por sus antecedentes penales --cumplió condena por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla-- ahora el film se centrará no sólo en los avances del caso sino en la nueva acusación que pesa sobre él.

Punto de vista

El título de la película, Boye (el enemigo público), deja claro el tono y el enfoque del proyecto. Sus responsables dicen que el abogado “se enfrenta a las más altas instituciones judiciales del Estado español por la defensa de Carles Puigdemont y los exiliados independentistas catalanes del procés”. Por su parte, el jurista se considera a sí mismo una “víctima” de una “campaña de desprestigio” en su contra, orquestada por las “cloacas del Estado” para acabar con su reputación.

Arabia deja claro que su voluntad, como en su anterior documental, es "hacer un retrato de la figura de Boye", pero recuerda que no son periodistas y, por tanto, la cinta no es "un artículo o artefacto periodístico". Lo que hace es poner al abogado frente a una cámara, presentar "sus luces y sombras" y que "el espectador haga de sujeto activo" frente a las explicaciones de su protagonista.

Rodaje

La voluntad del realizador no es hablar con ninguno de los políticos fugados ni se plantea, por el momento, ir a Bruselas o hablar con Puigdemont, "nos fijamos en su defensa" y "no trata tanto sobre ellos", adelanta a Crónica Directo. Donde si tendrán lugar las grabaciones es Madrid y Barcelona, pero la planificación dependerá de lo que les cuente Boye.

El director de cine Sebastián Arabia

Los responsables de la cinta tienen previsto rodar el documental durante dos meses, marzo y abril, y empezarán a dar voz al chileno. Arabia y el guionista del proyecto, Gustavo Ducasse, prometen ofrecer el relato de lo que consideran "una de las batallas judiciales más épicas de la historia española". Su estreno, aún por determinar, tendrá lugar a finales de verano, primero en salas y después en Filmin.

Conclusiones

Las fechas hacen casi inviable pensar todavía en un cierre, señala el cineasta. Los casos que tiene abiertos Boye, tanto como abogado como imputado, pueden no estar cerrados en este tiempo. En todo caso, tratarán ambos juicios "como un único caso", pero "porque es como lo ve él", apunta. El resto "lo va a determinar el espectador".

Sea víctima o verdugo, el caso está ya abierto. El pasado noviembre, la Fiscalía Antidroga remitió ya su escrito de acusación en la causa. Además de una petición de prisión de nueve años, el fiscal solicita una multa de más de 950 millones de euros para José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco --el cliente de Boye--, a quien acusa de un delito contra la salud pública cometido en el seno de una organización criminal, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

Sito Miñanco

Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye, a quien reclama una multa de al menos 3,1 millones. En su escrito de acusación, conocido este martes, Antidroga explica que tras la investigación desarrollada en esta causa se consiguió identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Miñanco "y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España": una en octubre de 2017 cuando se transportaba 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes de un barco, y otra un mes después, cuando se consiguió la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

La jueza que investigó esta causa situó a Gonzalo Boye, entonces abogado de Sito Miñanco en otro procedimiento, en una operación para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la policía en el aeropuerto de Barajas ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización. "Con el propósito de acreditar el origen lícito del dinero intervenido", dice la Fiscalía, Boye habría colaborado, junto a otros abogados, en la confección de unos contratos de compraventa de unas letras de cambio, un negocio que, dice el fiscal, "no presentaba lógica comercial alguna".