ChatGPT, en el foco de Protección de Datos

ChatGPT, la revolucionaria herramienta de Inteligencia Artificial (IA) de la empresa OpenAI, podría estar incumpliendo la normativa española de protección de datos. Según ha informado este jueves en un comunicado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la entidad ha iniciado de oficio "actuaciones previas de investigación" a la compañía estadounidense por estas presuntas infracciones.

Tal como ha señalado el organismo, esta acción viene precedida por su petición al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB), del que forma parte, de que incluyera el mencionado servicio de IA como tema a tratar en su reunión plenaria.

Imagen promocional de ChatGPT, el 'chatbot' de Inteligencia Artificial de OpenAI / EUROPA PRESS

Nuevo grupo de trabajo europeo

En el encuentro, celebrado este jueves, se ha puesto sobre la mesa que "los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo" en lo que se refiere al correcto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

De esta forma, y motivado por el reciente ultimátum de las autoridades italianas a OpenAI, el ente ha decidido constituir un nuevo grupo de trabajo dedicado a "fomentar la cooperación e intercambiar información sobre posibles acciones de ejecución" llevadas a cabo por las agencias de protección de datos. 

Italia plantea un ultimatum a OpenAI

Cabe recordar que Italia bloqueó el pasado 31 de marzo los servicios de ChatGPT dentro de su territorio y planteó una exigencia a los responsables del prototipo de chatbot con IA: deberán cumplir con las medidas establecidas en el país en materia de transparencia e implementar varias acciones concretas al respecto antes del 30 de abril. 

Entre otras demandas, la autoridad supervisora italiana reclama a OpenAI que explique sus métodos y la lógica del procesamiento de los datos necesarios para el funcionamiento de su solución tecnológica. Además, le piden que detalle cómo la herramienta afecta a los derechos atribuidos de los usuarios y empresas.