A un lado, la actividad de las big tech basada (casi) exclusivamente en la búsqueda de beneficio. Al otro, las burocracias estatales, demasiado lentas y pesadas para reaccionar rápidamente a los cambios tecnológicos. En medio quedan las ciudades, sobre todo aquéllas con grandes áreas metropolitanas, que pueden actuar de mediadoras para llevar a cabo una gobernanza de datos guiada por la búsqueda de la justicia y la equidad.
El congreso Humanism in the digital age: the urban contribution, organizado por el programa Digital Future Society (DFS) dirigido por Cristina Colom, ha subrayado el rol de las metrópolis en el diseño del futuro tecnológico. Un futuro que debe apostar por un "enfoque antropocéntrico", tal y como ha reclamado Colom, que sitúe a las personas en el centro de los desarrollos de programación.
Vecino, tienes voz
Para ello, las ciudades cuentan con una atalaya privilegiada. El contacto inmediato con los vecinos sobre asuntos domésticos como la recogida de basuras, la gestión del agua o la seguridad en las calles permite la recopilación de datos de forma continua y precisa. Además, también facilita que sean los propios locales quienes participen activamente en esa gobernanza. ¿Cómo? Mediante plataformas de participación para llevar a cabo procesos de toma de decisiones compartidas.
En Barcelona se cuenta con la herramienta Decidim, pero invitados de otras urbes como París y Rotterdam han presentado iniciativas similares. A lo largo de la jornada se ha señalado que, pese a que los ciudadanos siguen desconfiando de los políticos locales, lo hacen en menor medida que de los gobernantes nacionales. Y todavía menos que de las redes sociales, que solo ofrecen garantías al 7% de los usuarios.
Cierre del congreso 'Humanism in the digital age' / DIGITAL FUTURE SOCIETY
Sin un marco jurídico
Pero las ciudades no podrán hacer este camino por sí solas si no se cuentan con estándares éticos unificados en el entorno digital. Esta es la principal asignatura pendiente para diseñar un futuro informático más igualitario. Aunque el Parlamento Europeo se haya ahora mismo discutiendo un reglamento comunitario sobre inteligencia artificial (IA), los ponentes del congreso organizado por DFS han recelado del alcance real de esta normativa.
El reconocimiento facial es un buen ejemplo. Esta tecnología de procesamiento de imagen ha recibido serias críticas por parte de oenegés y activistas sociales, pero hasta ahora no cuenta con reglas claras que especifiquen los usos admisibles en una democracia. No significa que no haya avances, como demuestra la Carta de Derechos Digitales aprobada por la secretaría de Estado de digitalización e inteligencia artificial dirigida por Carmen Artigas, un hito para definir la nueva lista de derechos de la ciudadanía en la red.
Colaboración público-privada
En parte, estas deficiencias guardan relación con la falta de implicación de la sociedad civil. No es plenamente su culpa. El paulatino proceso de alfabetización digital explica el retraso en la toma de conciencia sobre fenómenos como los sesgos algorítmicos. De hecho, la "democracia algorítmica" no se alcanzará hasta que estas reflexiones no permeen la actividad de las compañías privadas y de los parlamentos que deben controlarlas.
Las ciudades tienen un rol de mediación en esta transición, pero para ello deben ponerse manos a la obra. "En Barcelona queremos ser punta de lanza del modelo europeo de digitalización", ha afirmado Laia Bonet, tercera teniente de alcalde en la capital catalana. Pero la falta de diálogo del gobierno local con la iniciativa privada no ayuda a alcanzar este objetivo. Las empresas deben ser responsables, y las Administraciones, vigilantes. Pero deben trabajar de la mano para que los datos no se conviertan en otra fuente de discriminación, solo que virtual. En medio, los alcaldes mantendrán la vara de mando.