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El Metro de Barcelona, donde aún no ha llegado la nueva T-Mobilitat / EUROPA PRESS

El ‘tarifazo’ en el transporte público despierta la crisis laboral en el Metro

Los trabajadores del suburbano recuerdan que TMB aún tiene pendiente resolver los problemas con el amianto y el plomo de la red

5 min

El aumento del 11% del precio del billete más usado en el transporte público de Barcelona, la nueva T-Casual (antes T-10), y la oleada de protestas que ha desatado tiene también efectos en una crisis laboral que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) arrastra desde hace años: la falta de entendimiento con los trabajadores del Metro. La controversia generada por la reestructuración profunda de tarifas entra de lleno en las reivindicaciones que la plantilla asegura que la cúpula del operador del transporte público tiene pendientes de atender.

Imagen de las nuevas tarifas integradas de transporte público en Barcelona y su conurbación para 2020 / ATM
Los nuevos precios del transporte en Barcelona

Las más sangrantes, tal y como indican fuentes del comité de empresa, son las relacionadas con la salud de los empleados. Sus representantes tildan de insuficientes las medidas que la compañía ha emprendido para abordar la crisis del amianto.

Crisis del amianto

La forma en que se ha hecho frente a este problema ha despertado la ira de la plantilla desde el primer momento. Cabe tener en cuenta que los esfuerzos iniciales del equipo directivo se enfocaron en minimizar las consecuencias (y responsabilidades públicas) al localizar este material, que provoca enfermedades respiratorias por su exposición continuada, en casi 200 tramos del suburbano.

Un año después de que se conocieran los resultados de la inspección en las líneas --las más afectadas son la L1 y la L3-- y tras unas elecciones municipales que han cambiado el color político de la cúpula de TMB, ahora controlado por el PSC, se mantienen los trabajos para retirar el amianto. Con todo, se exige una mayor concreción del calendario con el que se aborda el problema.

Tuberías de plomo

Y mientras la herida de este encontronazo entre dirección y trabajadores sigue abierta ha estallado otra crisis relacionada con la salud de la plantilla. A finales de noviembre se confirmó que las tuberías de agua potable de las instalaciones más viejas del Metro de Barcelona son de plomo, otro material nocivo que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud por sus efectos sobre el ser humano.

El problema se concentra en gran medida en la L5, tal y como señalan los mismos interlocutores del comité de empresa. Recuerdan que en agosto de 2018 ya se denunció ante la cúpula de TMB el hecho y exigieron que se solucionase. Se reclamó sustituir las tuberías afectadas e instalar fuentes de agua potable para los empleados para evitar que se bebiera del grifo. La negativa de la cúpula llegó cinco meses más tarde y aún no se ha atendido.

Cambio en la dirección

Los trabajadores reconocen que la nueva presidenta de TMB, Maria Rosa Alarcón, y el consejero delegado desde octubre, Gerardo Lertxundi, han mostrado “un cambio de formas respecto al comité de empresa”. Desde UGT manifiestan que en los últimos meses se han reunido dos veces con los representantes de los trabajadores para atender sus quejas. “Pero en el fondo todo sigue igual”, lamenta esta sección sindical.

Maria Rosa Alarcón, la presidenta de TMB / EUROPA PRESS
Maria Rosa Alarcón, la presidenta de TMB / EUROPA PRESS

Más, en un momento en el que se prevé que la recaudación del operador suba por los cambios en las tarifas. Otro anuncio que se hizo de espaldas a los trabajadores que ha generado más quejas. Se acusa a la dirección de falta de concertación social, ya que ni siquiera se explicaron a los sindicatos al mismo tiempo en el que se anunciaba a los medios. Reconocen que hay cabreo por ello y se estudia reclamar otro encuentro para estudiar el panorama que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

A pesar de los esfuerzos del Govern para asegurar que al final se beneficiarán los pasajeros que más lo necesitan, los trabajadores mantienen que sólo se busca aumentar los beneficios de la Administración. Todo ello, sin atender unas demandas laborales que consideran “básicas”.