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El rescate de Celsa se acerca a 800 millones y amenaza con eternizarse

El grupo siderúrgico eleva de forma notable su petición de apoyo al fondo de la SEPI tras el cierre de sus cuentas anuales, lo que podría dilatar el proceso por la posible intervención de Bruselas

9 marzo, 2021 00:00

La operación de salvamento del grupo siderúrgico Celsa a través del fondo público articulado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va a ser notablemente más voluminosa de lo esperado. La compañía controlada por la familia Rubiralta ha revisado al alza la cantidad solicitada para la ayuda que, según fuentes del ámbito empresarial, se sitúa en una horquilla de entre 750 y 800 millones de euros.

A mediados del pasado noviembre, Celsa registró formalmente una solicitud al fondo de la SEPI debido a las dificultades derivadas de la crisis del coronavirus, precisamente el contexto en el que se creó este vehículo. Aunque la entidad pública no comunica los detalles de las operaciones hasta que son definitivamente aprobadas --como en los casos de Air Europa y el más reciente de Duro Felguera--, en su día se habló de una cifra en el entorno de los 300 millones de euros.

 

 

El rescate de Celsa se acerca a 800 millones / CG

Cierre del ejercicio

Por entonces, ya se hablaba de que la petición de rescate podría ser superior, algo que ha terminado por ser una realidad. Desde el registro oficial de la petición, la SEPI puso en marcha el proceso, notablemente complejo debido a la situación de la compañía, atenazada por un elevado endeudamiento y la presión de algunos de sus acreedores.

En el transcurso de estas negociaciones, Celsa ha conocido en profundidad las condiciones del fondo. Además, ha cerrado los números del ejercicio 2020, que le han llevado a tomar, ya con una mayor perspectiva, la decisión de ampliar de forma notable la cuantía de la solicitud.

Negociaciones avanzadas

El proceso pasa a convertirse en el más voluminoso, con mucha diferencia, de los que tiene entre manos el consejo constituido para la gestión del fondo y la tramitación de las ayudas. Supone cerca de un 8% del total dotado para este plan, que comenzó su andadura tras el pasado verano.

Hasta la fecha han transcurrido casi cinco meses desde la presentación formal de la solicitud de ayuda financiera. De hecho, fuentes de la compañía señalaron a Crónica Global que “las conversaciones con la SEPI se encuentran en una fase muy avanzada”.

La sombra de Bruselas

No obstante, la vuelta de tuerca del proceso provocará a buen seguro una cierta demora en el cierre. Un extremo que, incluso, podría ir más allá en el caso de que las cantidades de los préstamos que concediera el organismo público superaran la cuantía de 250 millones de euros. En tal caso, la luz verde definitiva tendría que llegar desde la Comisión Europea.

Hasta la fecha, el único caso en el que se ha superado esta cantidad de forma global ha sido el de Air Europa, aunque la articulación de la ayuda en un crédito y un préstamo participativo con diferentes condiciones ha evitado tal circunstancia.

La decisión del Consejo de Ministros

En condiciones normales, el consejo del fondo, en el que participan los ministerios de Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Industria, es el encargado de tomar la decisión respecto de la concesión de las ayudas para su posterior traslado al Consejo de Ministros, que es el encargado de dar la luz verde definitiva.

En el caso de Celsa, la tramitación aún está en marcha. La compañía “no tiene constancia ni de que la ayuda haya sido aprobada oficialmente” por la SEPI ni tampoco la cuantía que finalmente acordará el organismo, por lo que ha optado por no hacer comentarios en torno a las cifras.

Permanecer en la gestión

Las citadas fuentes apuntan a que, pese a su complejidad, el proceso de negociación está siendo fluido y que los representantes de la compañía muestran su disposición a colaborar.

En este sentido, la posible ayuda de la SEPI se antoja como una tabla de salvación para los Rubiralta con vistas a su objetivo de permanecer al frente de la dirección de la compañía y no ceder el control del capital. Metas que son seriamente amenazadas por algunos de sus acreedores, que denuncian que los impagos de la deuda de Celsa no están relacionados por completo con la situación de la pandemia.

La pugna con los acreedores

Por ahora, las medidas cautelares que la siderúrgica ha conseguido en los tribunales han frenado la disposición de los acreedores a empezar a ejecutar las garantías y tomar el control de la empresa. Una circunstancia que podrían salvar si finalmente obtienen el respaldo de la SEPI, que llegaría también a través de una entrada en el capital e incluso en la gestión aunque de forma temporal.

El organismo público lleva tiempo analizando el plan de viabilidad presentado por Celsa, que debe convencer a la SEPI de la viabilidad del negocio y de que empleará los fondos para apuntalarla y paliar así los efectos de la crisis. En este punto coincide con los acreedores, que consideran que el negocio es viable pero siempre y cuando se produzca un cambio en la gestión de la empresa, a lo que los Rubiralta se han resistido con firmeza.