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La propuesta de los estibadores, un callejón sin salida

La última propuesta de los estibadores, un callejón sin salida

La subrogación de los trabajadores por ley que piden los sindicatos se puede llevar a cabo, aunque las empresas tendrían que mantener las condiciones actuales

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Íñigo de la Serna califica de “imposible” la última exigencia de los estibadores: la subrogación del 100% de los trabajadores por ley. Expertos en derecho laboral indican que sí es posible asegurar todos los empleos actuales en un texto legal una vez llevada a cabo la reforma del sector. Sin embargo, la propuesta de los sindicatos es un callejón sin salida.

Y es que las empresas concesionarias --las que pasen a contratar los trabajadores actuales bajo el nuevo sistema-- deben mantener sus contratos, según Pepa Burriel, abogada y profesora de derecho del trabajo en la Universitat de Barcelona (UB). Es decir, las compañías tendrían que conservar las condiciones laborales que tienen ahora al contratarlos.

Burriel indica que es el artículo 44 del actual Estatuto de los Trabajadores, de 2015, el que especifica este extremo. “Se refiere a la cesión de una unidad productiva en su conjunto, por lo que incluye elementos materiales y personales, bienes y trabajadores, respetando los derechos y las condiciones”, sostiene. Esto supondría para los estibadores preservar sus actuales privilegios, uno de los motivos por el que se desencadenó el conflicto.

Contraoferta de la patronal

La propuesta de los estibadores cuenta con el apoyo de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, que remitió el jueves una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que lo instaba a garantizar por ley la subrogación de todos los empleados. “Con los controladores aéreos ya se hizo”, explica Albert Gil, miembro del Comité de Empresa de Estibarna en el puerto de Barcelona, “aunque el caso era un poco distinto porque solo había una empresa implicada, Aena, mientras que ahora son varias en cada puerto”.

Ante esta situación, la patronal Anesco ha tardado en pronunciarse. Si bien fuentes presentes en la mesa de negociación aseguran que los representantes de las empresas de estiba se han mostrado en varios encuentros a favor de que los actuales empleados mantengan su trabajo, Anesco ha evitado hacer pública una posición oficial.

Fue en la reunión de la mañana del jueves cuando la patronal hizo una contraoferta a los sindicatos, con el mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), al frente. La propuesta supuso el fin de la reunión y dejó la negociación en punto muerto.

¿Fin de los privilegios?

Son precisamente las condiciones laborales privilegiadas de las que goza el colectivo uno de los motivos de fondo por el que se desencadenó todo el conflicto. Y es que la reforma del sistema de acceso a la profesión, que supondría el fin del monopolio de las sociedades de estiba, significaría una degradación de estas condiciones de trabajo, que los sindicatos califican de “precarización”.

La propuesta de la patronal se basa en la introducción de cambios en varios puntos del convenio colectivo. Entre ellos, algunos tan destacados como la reducción de una media del 30% de los sueldos, la ampliación de la jornada a 12 horas y hacer tres llamamientos al día frente a los dos actuales. 

El problema cambia de manos

Así, la solución propuesta por los estibadores trasladaría el problema de manos, más que solucionarlo, considera Burriel. “Pasaría de las 46 empresas de gestión de la estiba y desestiba y de los puertos, a las empresas concesionarias, es decir, las que pasarían a contratar a los trabajadores”, explica.

Si estas compañías, que tras la reforma ya no tendrían la obligación de tener una participación en las Sagep (las sociedades anónimas de gestión de empleados portuarios, una en cada puerto), tuvieran la intención de extinguir contratos, “tendrían que pagar un coste muy alto”, asegura la letrada.

En el caso de insolvencia, es decir, que las empresas no pudieran hacerse cargo de los costes de mantener los contratos tal y como están ahora, sería el Fondo de Garantía Salarial, un órgano público adscrito al Ministerio de Empleo, el que se haría cargo del importe.