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Una imagen de archivo de dos pensionistas, los que cobran pensiones / EFE

La precariedad salarial, otro torpedo contra la sostenibilidad de las pensiones

El sistema público gasta el equivalente al 7,64% del PIB con una población activa decreciente y una caída de las cotizaciones a la Seguridad Social

23.02.2017 00:00 h.
5 min

El sistema público de pensiones vigente en España avanza por la vía del colapso. Por la distribución de la pirámide de población, en primer lugar, cuyos efectos se han acelerado tras la crisis. Y es que el perfil del nuevo mercado laboral y el hachazo a los salarios en que descansa la competitividad de nuestras empresas otro torpedo a la sostenibilidad de las jubilaciones.

La proyección del Estado es que la población activa se recortará en 1,74 millones de personas en 2029. Por ahora, el coste de pensiones alcanza el equivalente al 7,64% del PIB nacional frente al 5,67% que representaba en 1995. Este gasto creció en España un 215,6% en los últimos 20 años, tal y como alertó este miércoles el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo, ante la comisión del Pacto de Toledo.

Mayor esperanza de vida

Otro dato a tener en cuenta: se prevé que la tasa de actividad baje desde el 59,53% hasta el 53,84% en 2029. Y la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 87,7 en las mujeres y los 83,2 en los varones en 2031. Si la tendencia se mantiene, en 2065 sería los 91,5 años en las féminas y en los 88,5 en los varones.

Un escenario de quiebra si se tiene en cuenta que ya en 2015 los ingresos por cotización alcanzaron los 100.493 millones de euros y la factura de las pensiones los 108.225 millones. En el último ejercicio con los datos consolidados ya aparece un gap cercano al 7%. 

Hachazo al fondo de reserva

Todo ello, con un fondo de reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, que contaba con unos 11.600 millones a principios de año según datos del Ministerio de Empleo.

Desde su creación en el 2000 ha atraído dotaciones y rendimientos por un importe total de 79.682 millones, a los que se deben restar los 47.201 millones que el Gobierno ha sacado desde 2012 para atender pagos, indica el informe de la Seguridad Social de cierre de 2015. 

Edad exigible de jubilación

La reforma del sistema de pensiones de 2011 implementó un periodo de transición para alcanzar el retiro a los 67 años a partir de 2027. La economista y actuaria María Reyes Pérez Domingo indicó en la presentación del informe específico encargado por los fiscalistas de IDA que el escenario más probable al acercarse esa fecha es una nueva enmienda para retrasar la aún más la jubilación.

España está en la cola de los países europeos en prolongar de forma voluntaria la edad de jubilación. Los expertos apuntan a un problema cultural y un déficit de incentivos para solicitarla, aunque mantienen que la tendencia cambiará. También por una cuestión del inicio de la vida laboral y de la precariedad del sistema laboral vigente, la ciudadanía tendrá problemas para alcanzar los periodos cotizados mínimos que se requerirán para el retiro.

Menos cuantía y más estable

Se avanza hacia una pensión que se cobre más tarde, de menor cuantía y más estable. El sistema de revalorización previsto no las vincula al IPC. Es muy complejo incluso para los expertos, que esperan a que se ponga en marcha para conocer sus efectos reales. Sobre el papel, apunta una pérdida de poder adquisitivo.

Pérez Domingo hace algunas propuestas para mejorar la sostenibilidad. Señala el trabajo pendiente para asegurar los ingresos del sistema con medidas como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres; destinar más recursos en formación para ganar productividad y crecimiento económico real (no sólo por bajar salarios) y el desbloqueo del tope máximo en las cotizaciones pero con la vigencia del de retribuciones en la pensión. “No se debe olvidar que la Seguridad Social tiene una función asistencial”, indica.

Reclama, asimismo, mejoras generales en los salarios que se pagan en España para dinamizar las cotizaciones y favorecer la sostenibilidad del sistema. Los propios fiscalistas alertan del riesgo de la petición: “Más coste salarial va contra la productividad y esto cuesta puestos de trabajo”, afirma el director general de JDA, Joan Díaz. El debate está abierto.

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