Los usuarios de autoconsumo eléctrico cargan contra las eléctricas y el Gobierno

El borrador del Real Decreto sobre autoconsumo eléctrico desarrollado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha despertado duras críticas de asociaciones y usuarios de esta modalidad de servicio al considerar que prioriza los intereses de las grandes compañías eléctricas en detrimento de fomentar el consumo propio.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó a finales de junio en el Senado que el nuevo proyecto de ley intenta evitar el "déficit del sistema eléctrico" ocurrido entre 2004 y el 2012 y que significó un aumento del desfase entre los ingresos y los costes del sistema. Soria, además, defendió que este sistema requiere de la solidaridad del autoconsumidor para que sufrague también los costes de las redes de distribución y transporte que utiliza. En caso contrario, la carga de este coste recae únicamente sobre el consumidor de energía convencional.

Las distintas explicaciones esgrimidas por el ministro, sin embargo, no han convencido a las asociaciones del sector que, a través de un comunicado, han exigido a la Comisión Europea que determine un marco regulador común para evitar que el Gobierno español finalmente aplique la propuesta de ley.

España, ejemplo de malas prácticas

Sin ir más lejos, la Fundación Renovables ha valorado la iniciativa española como un “ejemplo de malas prácticas” y se han apoyado en las declaraciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que reconoce el autoconsumo como una cuestión "ineludible" para alcanzar uno de los objetivos comunitarios en energía renovable para 2020.

Hoy por hoy, con la propuesta de ley sobre la mesa y pendiente de su aprobación este julio -si no se demora de nuevo- la polémica está servida entre el Gobierno, las eléctricas y los autoconsumidores.

Contra la norma europea

Las asociaciones de autoconsumidores eléctricos han expuesto los agravios que, a su juicio, representa el nuevo texto legal y sostienen que su contenido choca de plano con la normativa europea de promoción de pequeñas instalaciones, de fomento de la producción individual y de la eficiencia energética.

Sobre esta base, han determinado una serie de cuestiones en las que piden la rectificación del Gobierno de lo que consideran un nuevo enredo contra la producción de energía fotovoltaica para consumo propio. Entre sus principales quejas se encuentra lo que consideran un gravamen sobre la actividad “injustificado y desproporcionado” y mucho mayor que la energía que proviene de la red eléctrica.

Un impuesto sobre el sol

El proyecto legislativo también contempla un impuesto sobre el sol que, según fuentes consultadas, encarecerá el autoconsumo con riesgo de hacerlo inviable. Además, argumentan que es una tasa que no existe en otros países de la UE y que atenta contra "el derecho universal al sol".

Otro de los aspectos críticos del proyecto legislativo es que impide compatibilizar el autoconsumo y acogerse al Bono Social, la ayuda para los consumidores más vulnerables y en riesgo de pobreza energética. Esta exclusión repercute doblemente sobre al autoconsumidor dado que la ley tampoco contempla el denominado Balance Neto, donde a finales de mes el usuario y compañía hacen un balance de la energía inyectada y consumida y pasan cuentas. El proyecto de ley establece que la electricidad excedentaria que se vierta a la red no recibirá compensación económica alguna.

Penalizaciones desorbitadas

Asimismo, existe una penalización a quienes recurran a sistemas de almacenamiento descentralizado que las asociaciones de autoconsumidores han calificado de "abusivo" y que desincentiva la búsqueda de formas alternativas de consumo.

La iniciativa del Gobierno también obliga a que el productor y consumidor de una instalación de autoservicio ha de ser la misma persona, eliminando todas las demás posibilidades de participación. Un requerimiento que, en caso de incumplimiento, puede ser sancionado con multas de hasta 60 millones de euros.

Otra de las reclamaciones vertidas por los autoconsumidores es que únicamente la distribuidora tiene acceso directo y en tiempo real a los datos de consumo, producción y precio de la energía, mientras que el ciudadano solo tiene acceso a través de esta.

La patronal eléctrica defiende el pago de la red

Por su parte, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha defendido la "contribución" de los autoconsumidores al mantenimiento de la red eléctrica ya que "como el resto de los consumidores, forman parte y son usuarios".

"Si no se estableciera ningún tipo de cargo para los autoconsumidores, estos dejarían de pagar esas partidas, que recaerían sobre el resto de los consumidores. El grueso de los consumidores eléctricos, de este modo, tendría que pagar más costes en su factura para que unos pocos [los autoconsumidores] dejaran de pagarlos", han explicado fuentes de Unesa.

Factura eléctrica lastrada

En esta línea, la patronal ha matizado algunas de las consideraciones realizadas por los autoconsumidores como la relativa a la inexistencia de una contraprestación por la energía vertida en la red. Según Unesa, sí que existe, aunque la reciben únicamente aquellos autoproductores que se registren como tales -quedando exentos de recibirla quienes no se acojan a esta modalidad-.

En lo que sí parece que hay acuerdo entre ambas partes es que la factura eléctrica "está artificialmente lastrada" con una serie de costes políticos e impuestos que no están relacionados con el suministro eléctrico.