Los restos del BPA andorrano pasan a manos de un gestor español

Banca Privada de Andorra (BPA) se convertirá en Vall Banc. La institución del Principado que intervino la entidad tras el informe sobre las supuestas prácticas irregulares del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) el pasado marzo, la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB), ha anunciado que constituyó la sociedad el pasado 17 de julio con su consiguiente consejo de administración, cuyo primer miembro es el gestor español César Goyache.

En su currículo figura asesorar al Gobierno de Mariano Rajoy en el diseño del banco malo de España, la Sareb. También ha pasado por BBVA, Crédit Agricole, la consultora estadounidense Álvarez & Marsal (se encargaba de asesorar al Frob, el encargado de reestructurar las entidades españolas fallidas) y se sentó en el consejo de administración de Asentia, antigua filial de Inmobiliaria Colonial.

Betsabé y Vázquez de Lapuerta, en la dirección

Goyache compartirá la tutela de Vall Banc en su primera etapa con los dos gestores que ejercen como administradores solidarios de BPA, David Betsabé (ex directivo de Crèdit Andorrà) y Fernando Vázquez de Lapuerta (ex director general de NCG Banc hasta marzo de 2014).

Los otros dos miembros que completan el máximo órgano directivo del nuevo banco son Lluís Marimón, abogado que ejerció como consejero y secretario del consejo de Banco Madrid hasta su venta; y Christian Merle, presidente y socio director de la asesora financiera Merle & Partners.

Comprador para antes de fin de año

AREB mantiene sus planes respecto al futuro de BPA. Busca a un comprador para Vall Banc antes de que finalice el ejercicio, el mismo tiempo que empleará en acabar la auditoría de las cuentas de BPA para detectar el “conjunto de activos y pasivos considerados legítimos”, afirma en un comunicado a los medios. De hecho, el centenar de expertos de Pricewaterhousecoopers que estudian las cuentas del banco del Principado no han hallado hasta la fecha ninguna irregularidad destacable.

De acuerdo con el discutido Ejecutivo andorrano, los especialista de PwC son “expertos independientes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo”. Llevan a término la operación “supervisados por las autoridades andorranas”. Por el momento, los consultores no han encontrado las presuntas cuentas irregulares que denunció el Tesoro de EEUU en su aviso internacional.

Agujero de 374 millones

La institución andorrana no dispone aún de los datos exactos de activos y pasivos que se podrán traspasar a la nueva entidad. Lo que sí que ha hecho público es que nacerá con un “valor liquidativo negativo de 374 millones de euros”.

AREB toma como referencia los informes de valoración que PwC, Key Capital Partners y Jones Lang LaSalle realizaron el pasado mayo. La valoración se realiza “bajo dos supuestos: el de entidad en resolución y el de empresa en liquidación”.

Desequilibrio por Banco de Madrid

Esta casuística propicia que aparezca un desequilibrio patrimonial de 103 millones porque BPA no cuenta con suficientes recursos propios para hacer frente a los 313 millones que se estiman de resolución de ajustes negativos. “El principal proviene de la valoración de las entidades participadas por BPA, especialmente la derivada de la situación del grupo encabezado por Banco de Madrid”. Todo el sector financiero, sin embargo, considera que Banco Madrid era una entidad solvente sin problemas de continuidad. Su entrada en dificultades fue una cuestión de confianza propiciada por la intervención en Andorra de la matriz del grupo.

Los propios gestores temporales del banco andorrano ya se han opuesto a la liquidación de la entidad española al considerar que no es el camino adecuado si se tienen en cuenta los recursos propios de los que dispone. Si se estimara esta resolución, el agujero final que deja en herencia BPA sería mucho menor.

Puerta abierta a quitas a los clientes

En el contexto actual, la AREB deja la puerta abierta a tener que aplicar alguna quita en los depósitos de BP. En el mismo documento señala que “mantiene las expectativas” de que no se llegue a este último recurso.