La 'consellera' de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, en su visita a Copenhague / GOVERN

La 'consellera' de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, en su visita a Copenhague / GOVERN

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Jordà dice que Cataluña "necesitará" 1.000 Mw de energía eólica marina en 2030

La 'consellera' de la Generalitat cree que instalar placas fotovoltaicas tendría un impacto "mucho mayor"

1 febrero, 2022 19:07

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha asegurado que Cataluña "necesitará" 1.000 megavatios (MW) de energía eólica marina instalada en 2030, y ha marcado como horizonte la producción de 3.500 Mw en 2050.

En su viaje a Copenhague de este martes, donde ha visitado el parque eólico offshore de Middelgrunden, Jordà ha insistido en que en la costa catalana "hará falta" un parque eólico marino, según recoge la consejería en un comunicado.

"Transición energética"

"La energía eólica marina puede jugar un papel muy importante en la transición energética en Cataluña", ha manifestado Jordà, argumentando que un parque eólico marino produce una cantidad anual de energía muy superior al de una instalación solar fotovoltaica o un parque eólico terrestre.

Según Jordà, la alternativa equivalente al volumen de energía que puede generar un parque eólico marino de 1.000 Mw sería instalar aproximadamente 2.300 Mw en placas fotovoltaicas en el suelo, "con un impacto ambiental, de ocupación del territorio y de utilización de recursos materiales mucho mayor".

Pide consenso al Gobierno

Jordà ha añadido que un parque eólico sólo se instalará si tiene un impacto ambiental "asumible" y adoptando las medidas correctoras pertinentes.

Por ello, ha defendido la necesidad de alcanzar "el máximo consenso" de los agentes sociales, económicos y científicos, y de impulsar acciones beneficiosas para los territorios afectados.

Al ser la autorización final de un parque de esta tipología competencia estatal, Jordà ha instado al Gobierno a "incorporar criterios de consenso y diálogo territorial en la tramitación del proyecto que faciliten su implantación".