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Vista interior del 'hall' del Fairmont Juan Carlos I antes de la pandemia / CG

El ayuntamiento busca una "solución" para el Fairmont

El gobierno municipal de Barcelona negocia para "recuperar la actividad hotelera" y evitar que "se pierdan puestos de trabajo" en el hotel de cinco estrellas

3 min

El Ayuntamiento de Barcelona busca una "solución" para el Fairmont Juan Carlos I. El gobierno municipal negocia una salida para asegurar la viabilidad del alojamiento de lujo después de que se frustrara su venta a Apollo Global Management, como ha avanzado este medio

Lo ha dicho un portavoz municipal a preguntas de Crónica Global. La fuente oficial ha admitido la "difícil situación" del resort urbano, que bordea la insolvencia tras presentar preconcurso de acreedores en primavera de este año. En relación a ello, el Ejecutivo local "continúa negociando" una "solución" con la propiedad, los herederos del jeque saudí Turki bin Nasser, representados por la sociedad Barcelona Project's. 

"Recuperar la actividad"

¿Hacia dónde se encamina la negociación con los dueños del Fairmont? "Para recuperar la actividad hotelera y que no se pierdan puestos de trabajo", ha precisado el mismo representante. 

Las intenciones del ayuntamiento son importantes habida cuenta de que unos 400 trabajadores, que ahora están en su mayoría en ERTE, dependen de que el Fairmont pueda reabrir y volver a la actividad. Para ello, no obstante, el activo necesita un inversor que lo compre y asuma la deuda, que se mueve en torno a los 100 millones de euros. 

Ampliar la concesión

El último intento, protagonizado por Apollo, ha terminado en nada. La firma de inversión se acercó a la propiedad del Fairmont para hacerse con el establecimiento, pero se ha retirado porque el Ayuntamiento de Barcelona se ha negado a alargar la concesión de los terrenos sobre los que reposa el hotel. Se cedieron en 1991 y el permiso vence en 2041. 

Precisamente, la plantilla del Fairmont reclama a la Administración local que amplíe la concesión para los inversores interesados o saque la encomienda a subasta, como pretende el gobierno municipal forzado por la legalidad. Los empleados temen que la propiedad no resista y vaya a concurso, lo que les acercaría a un temido expediente de regulación de empleo (ERE). Por eso piden celeridad