Las elecciones a las cámaras de comercio catalanas acaban en el Ministerio

Un elector de la Cámara de Comercio de Barcelona ha denunciado este miércoles ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que el decreto electoral de Cámaras de Comercio de Cataluña vulnera la ley nacional. Se trata del mismo empresario que ha instado la causa que se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y usa una argumentación parecida. Alega ante el departamento encabezado por Reyes Maroto que la Generalitat impulsa sólo el voto electrónico, ya sea de forma presencial o remota, y prescinde del voto por correo.

El escrito ha sido presentado por la letrada Dolors Codina del despacho Pou de Avilés. Argumenta que la "ley básica estatal" designa las tres modalidades como las posibilidades que estarán al alcance de los representantes de las 682.000 compañías que están llamadas a las urnas el próximo 8 de mayo. Señala que la normativa vigente contempla "sólo la posibilidad de que todos tres sean complementarios", pero no sustituir uno por otro. 

Piden una aclaración

Por este motivo, se ha pedido un informe al Ministerio para que deje claro el sentido de la norma básica nacional. Es decir, su alcance y prevalencia en relación con el decreto aprobado por la Generalitat en julio y que ha propiciado la causa abierta. 

La letrada también denuncia en su escrito que en Cataluña se desconoce en estos momentos el procedimiento de votación electrónica que se usará. Aún ni si quiera se ha lanzado la licitación para encargar el desarrollo de la plataforma tecnológica, el encargo que corre a cargo del Consejo General de las Cámaras de Comercio, y la Generalitat aún no ha concluido el concurso público para buscar al responsable del sistema de control y certificación de esta mecanismo de votación. Es decir, la empresa auditora. 

Petición de voto seguro

El despacho ha solicitado al ministerio que dicte una orden que concrete las condiciones precisas y necesarias para que el ejercicio del voto electrónico sea seguro y garantista: "Actualmente, no es ni una cosa ni la otra".

Inidca que, entre estas condiciones, estaría la creación de un certificado electrónico dirigido "exclusivamente a asegurar la emisión del voto seguro y libre". También reclama que lo que establezca la orden deberían basarse las comunidades autónomas que tengan competencias para regular el régimen electoral de las cámaras de comercio.

Petición del CTESC

La demanda del elector al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo coincide con la publicación de un dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC) de la Generalitat en que se apoya la metodología del Govern. El organismo de la Generalitat que aúna a los agentes sociales de Cataluña considera que la "implantación de la votación por medios electrónicos se realiza con las máximas garantías para los electores". 

Con todo, señala que se podría reforzar el sistema de autentificación de las empresas que se dispongan a participar en el proceso para evitar suplantaciones de identidad si se limita a una votación por CIF. "En lo que respecta a personas jurídicas, se podría reforzar el sistema con una doble autentificación del representante legal o voluntario", indican los expertos económicos. Sus dictámenes no son de obligado cumplimiento, pero se pide al Ejecutivo catalán que sea "receptivo a la recomendación formulada".