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Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, deberá lidiar con el 'caso ATLL' / CG

El TSJC avala que la Generalitat indemnice a Acciona por la 'chapuza' de ATLL

El tribunal desmonta la tesis del Govern y abre la puerta al pago de más de 1.000 millones al grupo por la fallida privatización de las aguas catalanas

23.11.2018 09:12 h.
5 min

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desmontado esta semana las tesis de al Generalitat de Cataluña y ha avalado una indemnización a Acciona por el caso ATLL. La instancia judicial ha respaldado en un auto la posición del grupo de infraestructuras, que sostiene que el contrato de concesión de Aigües Ter-Llobregat es "anulable", por lo que genera una cláusula de rescisión con su correspondiente pago de liquidación.

Según ha informado Expansión, una resolución del TSJC emitida esta semana respalda la posibilidad de que el Gobierno catalán pague a la concesionaria por daños y perjuicios tras la chapucera adjudicación, que revocó el Tribunal Supremo en febrero de este año tras una larga batalla judicial. Este movimiento supone un mazazo para el Ejecutivo catalán que comanda Quim Torra, cuya comisión liquidadora de la macrocontrata concluyó a principios de noviembre que exigiría el pago de 38 millones de euros a Acciona y a su socio Pioneer y no la indemnizaría por el contrato firmado en 2012. Arguyó entonces el grupo de trabajo que la licitación de ATLL es "nula de pleno derecho", por lo que no procede un pago de finalización.

"Contrato anulable"

Esta posición la cuestiona ahora el Tribunal Superior. Los magistrados, en un auto con fecha a 19 de noviembre, han avalado la posición de Acciona y han concluido que el contrato de adjudicación es "anulable" pese a que el Supremo tumbó toda la privatización. "Debe considerarse que el acuerdo de adjudicación del contrato [...] incurrió en una causa de anulabilidad, en la medida en que no existió una omisión total y absoluta del procedimiento aplicable", reza la resolución. Agrega el juez que solo existió "una contradicción entre el pliego de cláusulas y sus aclaraciones" pero que no "puede apreciarse la vulneración de un derecho fundamental”.

Imagen de una estación de tratamiento de aguas de Aigües Ter-Llobregat / CG

Imagen de una estación de tratamiento de aguas de Aigües Ter-Llobregat / CG

Este tecnicismo es devastador para la Generalitat de Cataluña. Es, de hecho, un espaldarazo a las tesis de Acciona, el licitante, al que reconoce que firmó un contrato "anulable", no "nulo". Ello obligará al Ejecutivo catalán a mover ficha y a pasar de exigir los 38 millones de euros al grupo que comanda José María Entrecanales a redactar un nuevo planteamiento que recoja las cláusulas de compensación e indemnización que inicialmente figuraban en las plicas de la privatización de la empresa de aguas.

1.037 millones de indemnización

El revés del TSJC a la Generalitat de Cataluña por la fallida privatización de Aigües Ter-Llobregat no es completo. El auto del Tribunal es una respuesta a un incidente de ejecución de sentencia presentado por Acciona. El conglomerado pedía al tribunal que tumbara la resolución firmada en junio por Damià Calvet, consejero catalán de Territorio, en el que éste iniciaba la liquidación del contrato. Asimismo, el grupo de Entrecanales pedía que a los jueces que reconocieran la validez del contrato firmado con la Generalitat --50 años--, algo que el TSJC finalmente no ha hecho. La instancia judicial argumenta en este sentido que "es indiscutible que la anulación del acto de adjudicación ha comportado necesariamente la invalidez del contrato".

El auto del Tribunal Superior ha llegado la misma semana en la que se ha conocido que Acciona y el fondo de inversión Pioneer han presentado alegaciones ante la Generalitat por la liquidación del contrato de ATLL. El escrito de los socios subraya que el contrato de adjudicación "no es nulo" y que el Gobierno catalán tiene responsabilidad en la adjudicación del mismo, al crear "confusión" en los últimos pasos de la licitación.

Así, el pago exigido por Acciona puede provocar un agujero de considerables dimensiones a las arcas públicas de la administración autonómica. Dos informes de PwC y Deloitte la cifran en 1.037 millones, que se dividen en 769 millones en concepto de lucro cesante y una indemnización de 305 millones por la liquidación. A esta cifra se le debe restar los 38 millones que reclama la Generalitat.

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