El Govern impone una multa de cuatro millones a ATLL, pero no anula el contrato con Acciona

El Govern ha decidido imponer una sanción de cuatro millones de euros a la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por las “graves irregularidades” detectadas en el contrato con la empresa Acciona. Sin embargo, el Ejecutivo desoye el dictamen de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y no rescindirá el contrato con Acciona.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlament para dar cuenta de la respuesta de la Generalitat a las irregularidades detectadas en esa polémica adjudicación, calificada por la oposición como la gran chapuza privatizadora del Gobierno de CiU.

Rull ha explicado cómo ATLL suscribió con una operadora del grupo Acciona una adjudicación sin que hubiera autorización del consejero de Territorio. “ATLL pidió la autorización cuando la operadora ya estaba facturando. La ACA detectó estas facturaciones no autorizadas e hizo tres cosas: parar inmediatamente el contrato, exigir a ATLL una explicación y poner los hechos en conocimiento de la Agencia Tributaria”.

Mientras tanto, ATLL hizo otro contrato con Acciona Agua que tampoco está autorizado. Este contrato, ha precisado Rull, “tenía una naturaleza diferente, pues el primero era operacional, mientras que el segundo exigía servicios de asistencia técnica”.

Expediente de penalidades 

Los hechos dieron lugar a dos procesos: un expediente informativo sobre infracción muy grave por parte de la OAC y un expediente de penalidades que abrió el Govern. Sobre las valoraciones contenidas en el informe de la OAC, Rull ha negado que el Govern no haya actuado de forma diligente, pues “ha logrado parar la situación y se tomaron las medidas necesarias”.

No obstante, ha admitido la insuficiente presencia del Govern en el consejo de administración de ATLL, lo que impidió el control de los acuerdos tomados por la concesionaria.

El consejero ha asegurado a los grupos parlamentarios que, desde 2013, el servicio de ATLL “se ha ajustado a los pliegos de condiciones, ha habido un problema de autorizaciones, pero eso no ha tenido impacto en la calidad del servicio ni en la tarifa que pagan los usuarios”.

Servicios jurídicos

Por todo ello, Rull ha concluido que ha habido una infracción muy grave, pero no para resolver el contrato, como aconseja la OAC. “Nuestros servicios jurídicos de la consejería y del ACA consideran que las irregularidades no han afectado al contenido del servicio, al núcleo esencial del contrato. Y la falta de control por parte del Govern tampoco ha afectado al cumplimiento del servicio”, ha explicado el compareciente.

El 21 marzo, la Generalitat abrió expediente de penalidades y ATLL presentó alegaciones. Tras constatar esos incumplimientos graves, el Govern ha notificado hoy a ATLL una multa de cuatro millones de euros, pero no resuelve el contrato con Acciona.