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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Mariano Rajoy en una imagen de archivo.

El déficit público supera el objetivo en 9.000 millones, hasta el 5% del PIB

El Ministerio de Hacienda anunciará hoy medidas para frenar y controlar el gasto de las comunidades autónomas, parte del origen del desvío presupuestario

Redacción
2 min

El Gobierno en funciones prepara medidas de urgencia para controlar el déficit público que se ha desbocado y, por octavo año consecutivo, incumple el objetivo pactado con la Unión Europea.

Medidas que en buena parte deberá aplicar el Ejecutivo que salga de las negociaciones en curso o de una nuevas elecciones.

Bruselas ya advirtió

En línea con los temores de la Comisión Europea, que ya en noviembre pasado advirtió que las previsiones de los Presupuestos Generales para 2016 eran irreales y que faltaba un ajuste de más de 8.000 millones de euros, el Ministerio de Hacienda hará público hoy un desfase de casi 9.000 millones entre ingresos y gastos, lo que supone un 5% del PIB, según adelanta El País. El objetivo era del 4,2%.

Cuando Bruselas advirtió el año pasado, el Gobierno español, en plena campaña electoral, lo negó por activa y por pasiva. A principios de este año sí admitió un desvío de tres décimas.

La esperanza del PIB

Mariano Rajoy confió en que el crecimiento económico procuraría ingresos fiscales para compensar las rebajas tributarias que introdujo desde julio de 2015, además de la recuperación de la paga extra de los funcionarios, cuando ya tenía planificadas las elecciones generales.

Con todo, esa política electoralista no ha sido el principal origen del agujero, que ha estado en las comunidades autónomas, con Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza, que han incumplido sus objetivos.

La Seguridad Social sufre

Y también en la Seguridad Social: la baja calidad del empleo creado ha provocado una recaudación por cotizaciones incapaz de compensar los gastos, pese a que las pensiones solo se han revalorizado el 0,25%.

España solo ha tenido superávit presupuestario cuatro años, entre 2004 y 2007. Desde entonces, no solo se ha desbocado, sino que ha incumplido sistemáticamente todos los objeticos pactados con la Comisión Europea, que en dos ocasiones ha establecido prórrogas.

 

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