El ‘caso BPA’ deja al borde de la quiebra a los directivos del banco

La antigua cúpula directiva de Banca Privada de Andorra (BPA) tiene bloqueadas todas las cuentas en el Principado desde el pasado 1 de abril. Así lo decidieron las instituciones del país, interventoras de la entidad desde que EEUU (Fincen) advirtiera la existencia de presuntas actividades ilícitas en el seno del banco en marzo.

Esta medida ha llevado a los directivos al borde de la quiebra, a pesar de que muchos de ellos siguen en activo y no están imputados de ningún delito concreto. De momento, sólo se sospecha de su participación en el caso BPA, de presunto blanqueo de capitales internacionales.

Así ocurre con el ex subdirector de negocio internacional, Pablo Laplana, que ha recurrido la situación al encontrarse al límite. El cuadro directivo solicitó primero por la vía de la justicia ordinaria y luego mediante un proceso urgente que se levantara la congelación de sus ahorros al menos para cubrir sus gastos inaplazables.

Responsabilidades que pueden derivar en otro delito

En la primera vista pública del caso que tuvo lugar este martes a última hora, el letrado de Laplana, Josep Antón Silvestre, relató que en los últimos cuatro meses su cliente ha estado al borde del desahucio, se le han cortado servicios básicos (luz y agua) y que no ha podido sufragar responsabilidades económicas que podrían derivar en otra causa delictiva contra su persona, como el abono de 1.500 euros mensuales en concepto de pensión alimenticia de su hija.

 “No dispone de nada porque le han privado de todo”, relató el representante legal ante la sala. Silvestre consideró que el bloqueo absoluto es “excesivo” si se tiene en cuenta que el Batlle de instrucción (el juez en España) “se ha equivocado, y se ha equivocado mucho” en primera instancia, según defendió.

Detalle de los gastos ordinarios

Cuando Laplana hizo conocer su situación ante la justicia del Principado, se le denegó el acceso a parte de sus ahorros. No fue hasta el pasado 2 de julio cuando en segunda instancia el magistrado fue más “comprensivo”.

Le permitió disponer cada mes de una cantidad fijada en un informe detallado al milímetro sobre los gastos ordinarios que le resultan imposibles de aplazar. Esta cantidad está lejos de la nómina real que aún percibe del banco, según fuentes de su entorno.

Pese al giro de la justicia, Laplana decidió mantener el recurso urgente como medida de protección. Teme que mientras dure la instrucción del caso BPA se vuelva a encontrar en una situación similar y quiere evitar a toda costa tener que recurrir a la ayuda de terceros, indican los mismos interlocutores.

“Indigencia” no acreditada

La Fiscalía, a su vez, afirmó delante el Batlle responsable del recurso ordinario que el caso ya había sido resuelto en primera instancia y que no era necesario proseguir por esa vía.

Asimismo, declinó tener en cuenta las vulneraciones denunciadas al “no acreditar ninguna efectiva”. “El nivel de la indigencia tampoco se ha acreditado”, afirmó ante la sala.

Casi cinco meses de instrucción

El caso BPA está bajo secreto de sumario y la instrucción va para largo. Han pasado casi cinco meses desde que el Tesoro estadounidense, mediante el Fincen (el organismo estadounidense que combate el blanqueo y la financiación del terrorismo internacional), advirtiera de irregularidades en la entidad y el jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, decretara su intervención el 10 de marzo.

Para localizar los fraudes denunciados por EEUU, se contrataron a un centenar de auditores subcontratados a PwC para detectar las actividades ilícitas. Por el momento, su éxito ha sido nulo. Incluso los propietarios del banco, la familia andorrana Cierco, ha denunciado lo que consideran un atropello contra sus intereses. BPA habría puesto en conocimiento de las autoridades de Andorra todos aquellos casos sospechosos de estar relacionados con el blanqueo de capitales y contaba con una auditoría externa que certificaba el cumplimiento de la legislación en esa materia.