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Florentino Pérez, presidente de ACS, en una imagen de archivo de 2015.

Dragados, multada con 8,6 millones por prácticas anticompetitivas

La CNMC sanciona a la filial de ACS y a otras seis empresas por fijar precios y repartirse clientes y adjudicaciones de licitaciones públicas y privadas en el mercado de construcciones modulares prefabricadas

Redacción
4 min

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

De las siete sanciones impuestas, la más cuantiosa, por valor de 8,56 millones de euros, recae sobre Dragados, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS, según indica en una nota el organismo presidido por José María Marín Quemada. Algeco recibe la segunda mayor sanción, por 1,59 millones, que no le será impuesta por acogerse al programa de clemencia.

Fijación de precios y reparto de adjudicaciones

En concreto, la CNMC considera acreditadas las prácticas anticompetitivas desarrolladas por las siete empresas --que pueden recurrir las sanciones ante la Audiencia Nacional--, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados.

Las licitaciones se convocaron en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, que son estructuras prefabricadas que se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios.

Junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, en la actualidad el uso de las construcciones modulares se ha ampliado a otros servicios y sirven de estructuras para colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos.

De hecho, estas soluciones se caracterizan por ofrecer una mayor flexibilidad al usuario, un periodo de instalación inferior y la posibilidad de su reutilización en otros lugares con finalidades distintas de las inicialmente previstas.

Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas, agrupadas en las llamadas zonas Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte.

Colegios en cinco CCAA

En particular, entre las prácticas investigadas y sancionadas, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, aunque las conductas ilícitas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas.

La CNMC explica en una nota que las conductas vulneradoras de las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos.

El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar una de las empresas participantes en este cártel una solicitud de clemencia, y en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cártel.

Programa de clemencia y buzón de denuncia

Mediante el programa de clemencia, al que se ha acogido Algeco, la empresa o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC, a cambio de la exención total o una reducción de la multa que le correspondería.

Por otra parte, la CNMC ha habilitado un buzón de colaboración donde cualquier ciudadano o empresa puede facilitar información a la autoridad de competencia sobre este tipo de infracciones muy graves.

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