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La justicia de Delaware dicta una resolución sobre la empresa Transperfect

Ciudadanos de Delaware reclaman al juez Bouchard transparencia en el caso TransPerfect

Una plataforma civil reprueba al magistrado que utilice su influencia para bloquear los detalles del caso y exige conocer el desglose de las facturas millonarias abonadas a bufetes afines

26.03.2019 00:00 h.
5 min

Pasan las semanas pero la opacidad en el caso TransPerfect perdura. Los registros y detalles del conflicto siguen bloqueados por parte del juez André Bouchard. Mientras, las asociaciones de ciudadanos de Delaware redoblan la presión para comprobar en qué ordenó gastar el juez 250 millones de dólares en uno de los conflictos accionariales más controvertidos de la historia de EEUU. Los efectos colaterales de la disputa también se han notado en España. Durante el conflicto, se han puesto en peligro los 4.000 empleos que genera la empresa en todo el mundo, de los cuales 500 se ubican en Barcelona.

Agrupados en torno a la asociación Citizens for a Pro-Business Delaware, los ciudadanos reprueban la actitud de Bouchard que, además de dañar la imagen del Estado, va en contra del actual marco legislativo estadounidense, que obliga a hacer pública la información detallada de los casos resueltos. Una maniobra que demuestra una clara intención de ocultar los registros y facturas con el objetivo de encubrir a todos los bufetes y consultoras que se han lucrado con este conflicto.

Presión sobre el sistema judicial de Delaware

La resolución favorable del caso TransPerfect, con la compra de Phil Shawe del 50% restante de la compañía permitiendo asegurar el empleo y mantener la senda de crecimiento, no ha apaciguado los ánimos en Delaware.

Resuelto el caso de la multinacional de traducciones, la causa ahora se centra en la neutralidad del sistema judicial de Delaware, que se encuentra en entredicho. Este Estado americano ha caído de la primera a la undécima posición en el ranking de neutralidad de los sistemas judiciales del país, según una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Como consecuencia, algunas empresas --entre ellas TransPerfect-- han cambiado su sede a otros estados en busca de un sistema más neutral y competitivo.

Fuga de empresas

Las asociaciones de ciudadanos de Delaware consideran que esta caída de neutralidad y competitividad de Delaware está frenando a otras empresas a establecer su sede en el Estado y comporta la fuga de empresas a otros lugares más competitivos. Algo que supone un riesgo elevado para el empleo e impacta directamente en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Ahora, el objetivo de estas asociaciones es poner en relieve las irregularidades que ha habido en el caso TransPerfect por parte de la cancillería del Estado y evitar que se vuelva a repetir un caso así, en el que un juez decreta la venta forzosa de una compañía multinacional privada con beneficios y aprueba el gasto de 250 millones de dólares en bufetes de abogados y consultoras afines.

Firmas de abogados envueltas en polémica  

Una de las firmas que más se han lucrado en el conflicto de TransPerfect, con el consentimiento del juez André Bouchard, ha sido el bufete de abogados Skadden Arps. Uno de sus socios, Robert Pincus fue nombrado administrador judicial de la compañía durante el conflicto precisamente por Bouchard. Según datos de la plataforma Citizens for a Pro-Business Delaware, Pincus habría recibido un salario de 1.425 dólares la hora por supervisar la controvertida venta forzosa de la empresa y habría presentado facturas sin detalles ni desglose, según fuentes cercanas a TransPerfect. Facturas que hoy permanecen ocultas por decisión del juez.

Pero las polémicas que envuelven a la firma no acaban con el caso TransPerfect y van más allá. En enero de este año, la firma Skadden Arps acordaba pagar una sanción de 4,6 millones de dólares (4,1 millones de euros) para resolver su responsabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por incumplir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) en los trabajos de lobby político realizado con el exasesor de campaña de Trump Paul Manafort para beneficiar al Gobierno de Ucrania en 2012 y 2013 a favor de Yanukovich.

En este contexto, desde Citizens for a Pro-Business Delaware reclaman que se investiguen los trabajos encargados por Bouchard a empresas como Skadden Arps, que han puesto en peligro miles de puestos de trabajo al tener como objetivo la división y venta de la compañía a fondos buitre.

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